El problema de las pandillas en Panamá ha cobrado la vida de al menos 34 personas (la mayoría jóvenes) en los primeros cuatro meses del año, gracias a conflictos entre grupos rivales que tienen una participación activa en el crimen organizado.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha optado por dar con la captura de los jefes de las pandillas más poderosas del país, Bagdad y Kalor Kalor, y aliar a los pandilleros a su programa Barrios Seguros.
No obstante, los expertos aseguran que esta estrategia ya fue empleada en otros países de la región que no han tenido buenos resultados al haber tenido amistad con organizaciones inmersas en el tráfico de sustancias ilícitas.
Para el Gobierno, uno de sus mayores logros ha sido dar con el paradero de los jefes de Bagdad y Kalor Kalor, los cuales fueron remitidos a la cárcel de Punta Coco para su aislamiento, aunque tiempo después este centro fue cerrado.
Ello con operativos antipandillas en los distritos de Arraiján y La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste, cuyo territorio ha sido el centro de disputa entre ambas organizaciones criminales.
Sin embargo, se habla de otras 250 pandillas que operan a nivel nacional, y cada día contribuyen a la cifra de homicidios, robos y lesiones personales que son más violentas.
El Gobierno ha ubicado a sospechosos con antecedentes criminales que están relacionados con drogas, mas no ha podido resocializar a un gran número de estos actores.
Evolución de pandillas
Y es que parte de la no resocialización ha sido un factor influyente en cómo pandillas que se dedicaron a delitos de menores ahora realizan actividades de mayor escala y peligrosidad.
Incluso se ha encontrado su estrecha participación con narcotraficantes de México y Colombia, que han subcontratado a pandilleros para hacer golpes, transportar drogas y prestar servicios de sicariato.
Contra estas organizaciones criminales, el Gobierno ha planeado combatir su accionar entregando bonos de comida que solo pueden ser canjeados en los centros comerciales.
Sin embargo, las pandillas reciben su pago en efectivo y la posibilidad de administrar armas y drogas, con la potestad de hacer sus propias operaciones de "microtráfico", explican los expertos.
Miles de jóvenes se encuentran ante una situación de riesgo que incluye ser "tumbadores", lo que despierta fuertes rencillas en los barrios populares del país, al intentar robar los cargamentos de los traficantes más grandes, aunque implique la muerte.
Esta situación ha permitido que las pandillas unan esfuerzos, como Bagdad y Kalor Kalor, y hace que trabajen como "oficinas de cobro" y colaboran con las organizaciones transnacionales del crimen.
No obstante, el principal actor gubernamental, el presidente Juan Carlos Varela, enfrenta una crisis institucional en la que ya dos de sus principales jefes encargados de combatir este flagelo han renunciado.
Ello ante el fracaso del programa de amnistías y capacitación laboral Barrios Seguros, con resultados contradictorios, y una política de "mano dura" que no se percibe en las calles.
Pese al funcionamiento del programa Barrios Seguros, las pandillas siguen su proceder y expanden su accionar al interior del país, donde la amenaza está latente.
Interior del país
Con el crecimiento de la población en el interior del país, también han ido aumentando los niveles de violencia y crimen, cuando lo que caracterizaba a la región era la tranquilidad.
Para el abogado y exdirector de la Policía Técnica Judicial Jaime Abad, el crimen organizado se proyecta como una empresa y los criminales se expanden a través de bandas y organizaciones cuyos tentáculos llegan a las provincias.
Las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí son las que más han reportado un alza de crímenes y actos de violencia en los últimos días, lo que preocupa a la población.
El abogado sostuvo que es el efecto de la "diversificación del crimen", con lo que pequeñas bandas y otras más organizadas están invirtiendo en negocios lícitos como lavaautos, talleres o salones de belleza.
"La organización en algún momento genera tanto dinero que necesita de estos lugares para colocarlo", indicó Abad.
Incluso esta diversificación del crimen se debe en provincias como Chiriquí a su estrecha relación con criminales procedentes de Costa Rica.
Destaca que en el distrito de David, sector de Barú y el paso fronterizo, las bandas delincuenciales han ganado terreno.
"No quiero demeritar el trabajo que hace el Servicio Nacional de Fronteras, pero esa es una frontera que cualquiera cruza", agregó Abad.
En tanto, dijo que se debe hacer un esfuerzo para revisar los controles fronterizos.
El dirigente magisterial Diógenes Sánchez denunció que pandillas y droga se toman centros escolares.
Abad dijo que como país, se ha invertido un 90% del presupuesto en el aspecto de la lucha contra el crimen con la represión, sin embargo, se debe mirar hacia la prevención.
Agregó que es necesario reforzar a la familia, que es muy importante para evitar que la violencia siga tomando terreno en Panamá.
También se pide al Gobierno no optar por militarizar el servicio de seguridad pública del país.
Bonos para pandilleros no alcanzan para suplir la demanda de actores
Unos 38 mil 13 bonos se presupuestaron este año para atender a jóvenes del programa Barrios Seguros, los cuales participan por tres meses continuos.
No obstante, se trata de 4,000 y 5,000 individuos aglutinados en las más de 250 pandillas a nivel nacional que, en su mayoría, estarían rechazando el programa.
Las autoridades a cargo del programa han explicado que a través de este programa, el Gobierno Nacional pretende mantener la prevención de la violencia primaria y secundaria y la reducción de los factores en riesgos en comunidades con un índice de criminalidad elevada.
También que a los jóvenes participantes se les entrega cada semana un apoyo económico mediante un bono de 50 dólares para sus gastos inmediatos de alimento, sin embargo, críticos del programa afirman que fracasará porque se trata de una medida pasajera.
