Más de 80 anteproyectos engavetados en la AN
El reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea establece que estas iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para su consideración.
La discusión de estas iniciativas en la segunda legislatura dependerá del nivel de importancia que reciban de los diputados. Foto: Cortesía
El inicio de la segunda legislatura de la Asamblea Nacional el próximo 2 de enero de 2026 acarreará la discusión de 82 anteproyectos de ley que no fueron prohijados durante el primer periodo de sesiones ordinarias. Las iniciativas relacionadas con temas educativos, judiciales, sociales, económicos y ambientales, según establece el reglamento orgánico de la entidad en su artículo No. 121, deben ser nuevamente presentadas en el pleno para su consideración; es decir, dependerá de los propios diputados que sus propuestas sean discutidas en las comisiones correspondientes.
La sugerencia de que se investigue el uso de fondos públicos utilizados durante la pandemia del Covid-19 sigue estando pendiente; no fue acogida en comisión pese a ser presentada en el mes de julio, a escasos días del inicio del primer periodo de sesiones ordinarias, y estar alineada con los valores de transparencia que promueve la actual administración.
En la misma situación se encuentra el anteproyecto que busca eliminar la prueba idónea en investigaciones contra diputados para garantizar el principio de igualdad dentro del sistema de justicia.
Dicho requisito, según el diputado y abogado Ernesto Cedeño, limita la efectividad de la justicia contra quienes se aprovechan del cargo para buscar "su primer millón"; por ello, insistirá hasta que la propuesta sea agendada en la Asamblea Nacional.
El anteproyecto de ley No. 120, cuyo objetivo es instaurar un tope salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y eliminar otros privilegios a los que, hasta la fecha, tienen derecho, como sobresueldos, dietas e incentivos, también está en pausa, aun cuando surgió luego de que los representantes de esta institución se adjudicaran un aumento de 4 mil dólares, elevando su remuneración a $14 mil mensuales, una decisión muy cuestionada por la ciudadanía.
En materia económica, tampoco fueron contempladas las iniciativas que buscan regular los topes máximos de cobro en los corredores del país y establecer una tasa de $10 a los pasajeros en tránsito en concepto de uso aeropuerto.
La evaluación de subsidios, exoneraciones e incentivos que otorga el Estado a organizaciones y personas naturales o jurídicas también quedó pendiente de debate durante la anterior legislatura; no obstante, se espera que sea nuevamente presentada, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha mencionado que la continuidad de estos beneficios sin un sustento técnico es insostenible.
'Engavetado' también quedó el anteproyecto que busca que el listado de contratistas con el Estado sea público para identificar posibles conflictos de interés, prevenir el clientelismo político y reducir los riesgos de corrupción y desvío de fondos.
La normativa ordena a la Dirección General de Contrataciones Públicas publicar la información de los beneficiados de estos acuerdos en su página web para que sea de dominio público.
Igualmente, se presentaron iniciativas enfocadas en la seguridad social con el objetivo de garantizar el registro correcto de las cuotas a los funcionarios públicos y trabajadores privados, y promover la entrega de medicamentos a domicilio a través de la Caja de Seguro Social.
La discusión de estos y otros anteproyectos de ley, que no formaron parte de la agenda del primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, dependerá del nivel de importancia que reciban de los diputados.