Esta semana podría ser clave para el esclarecimiento de las implicaciones que pudieran tener políticos, empresarios y representantes de Odebrecht en Panamá, gracias a la desclasificación de documentos de las declaraciones de directivos de esta empresa en Brasil.
El próximo jueves 1 de junio, la Fiscalía de Brasil entregará a Panamá los videos de los delatores.
Sin embargo, algunas delaciones, cuyo contenido se ha conocido con antelación, han obligado a las autoridades del Ministerio Público (MP) a citar a personas cuyos nombres o el de sus sociedades aparecen en las confesiones.
Entre estos figuran representantes de la firma legal Rosas & Rosas, que pertenece al diputado panameñista Jorge Alberto Rosas, quienes supuestamente ya fueron citados para rendir indagatoria.
Uno de los colaboradores del bufete de abogados adujo que parte de las diligencias que realizaban consistían en retirar dinero en la torre Las Américas, ubicada en Punta Pacífica, que era enviado por uno de los implicados en el caso de sobornos, de nombre Olivio Rodrigues.
Estos fondos servían para el pago de planillas a obreros de la construcción en diversos proyectos, aunque obvió otros nombres de beneficiarios generados a otras cuentas.
Ante esto, el exvicepresidente de la República Arturo Vallarino reclama que hay casos en los que se menciona esta firma, como en el que supuestamente recibió 1.4 millones de dólares de la empresa brasileña, de los que no se ha escuchado nada por parte de las autoridades.
Al mismo tiempo, también se cuestiona la omisión del MP ante una cuenta de la sociedad Constructora Internacional del Sur en el Credicorp Bank, que se estima habría facilitado el pago de 300 millones de dólares, la cual no aparece en el expediente que manejan los fiscales panameños.
Esto fue conocido con la delación del encargado del departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, quien reveló que Credicorp Bank era uno de los bancos que cobraba 2% de la comisión de los fondos que manejaba de la empresa que, supuestamente, se usaba en la actividad de blanqueo de capitales.
Sobre esto último, existe una denuncia penal por parte del abogado Sídney Sittón, debido a la exclusión de estas cuentas en el expediente.
Al final de la semana pasada, se conoció que dos representantes vinculados al banco fueron citados para rendir indagatoria esta semana.
Juristas y sectores de oposición reclaman contra el encubrimiento de sobornos durante los gobiernos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el panameñismo.
En este sentido, Vallarino cuestionó el hecho de que el hermano de la vicepresidenta Isabel De Saint Malo también pueda estar involucrado en esta maraña de irregularidades y por ser allegado al Gobierno no se le menciona, en cambio, "se han dado nombres de opositores contra los cuales se han ordenado cautelaciones".
Según el exvicepresidente, "no va a ser posible ocultar los nombres y las cantidades que repartió Odebrecht porque es lo que ha sucedido con informaciones provenientes de Brasil, Estados Unidos y Suiza".
De igual forma se pronunció el exministro de Seguridad José Raúl Mulino, quien aunque no cree que salga mucho de la información que será develada por Brasil, confía en que al final se sepa quién fue el presidente presionado para entorpecer la asistencia judicial solicitada por las autoridades del gigante sudamericano.
"Se sabrá al final, ya que Odebrecht trasciende la manipulación política y mediática amiga", manifestó Mulino.
Por su parte, el economista Juan Jované señaló que "si el MP genera una situación de no entrar más allá de la puerta de los bancos -para investigar-, es un indicativo de que la justicia ya no funciona", concluyó.
La procuradora ha dicho que entre 7 y 10 delaciones les serán útiles a los fiscales, anticipándose a lo que se revele.
Negociación con Odebrecht no ha sido desestimada por autoridades
La procuradora Kenia Porcell dijo estar dispuesta a asumir un acuerdo con la empresa Odebrecht para esclarecer el caso de sobornos que salpica a Panamá.
La constructora Odebrecht busca seguir funcionando en los países en los que se le investiga, a cambio de cooperar con la justicia y hacer que todos sus contratos licitados se mantengan en pie.
Anteriormente, la constructora anunció la devolución al Estado panameño de 59 millones de dólares, obtenidos supuestamente en sobornos, por la adjudicación de obras, cifra que no goza de la credibilidad ciudadana, que piensa que es mayor.
También la constructora ha pedido que no se responsabilice a los compradores de activos de la empresa por actos ilícitos del pasado y que han involucrado a sus más altos directivos y representantes internacionales.
Tras conocerse la información sobre los sobornos, Odebrecht ha desistido de participar en licitaciones de megaproyectos en Panamá.
