Minsa pagará 200 mil dólares para negociar con IBT
La descripción del servicio solicitado se colgó en PanamáCompra así: Servicios legales (consumo de horas mensuales de 107 horas de trabajo durante un término de 7 meses).
Firma de abogados seleccionada cobrará $250 por hora de asesoría.
Rechazo en sectores de la población ha provocado la confirmación de que el Ministerio de Salud (Minsa) contratará, de manera directa, una asesoría legal relacionada a "negociaciones contractuales a efectuase" con el Consorcio IBT-Health, empresa a la que se le adjudicó la construcción de cuatro hospitales y que nueve años después, aún no los construye.
Según consta en el acto 2019-0-12-0-08-PE-027445 subido a PanamáCompra en modalidad de "procedimiento excepcional", el Minsa contrata de a dedo a la firma de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez, por un monto de 200 mil 625 dólares, en concepto de consultoría a asesoría legal, específicamente relacionada a negociaciones que hará el Estado con IBT-Health.
De manera concreta, la descripción del servicio solicitado se colgó en PanamáCompra así: Servicios legales (consumo de horas mensuales de 107 horas de trabajo durante un término de 7 meses).
Y en los documentos adjuntos figura la abogada Annette Dinorah Bárcenas Olivardía como representante legal de la empresa contratada de manera directa por el Minsa.
La entidad estatal no ofrece mayores detalles de las negociaciones contractuales que requiere, ni explica la razón por la cual debe buscar apoyo externo, al margen de los departamentos legales activos del Ministerio de Salud, así como los frentes de fiscalización de la Contraloría General de la República.
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Pero la empresa privada de abogados beneficiada con este contrato de cerca de medio millón de dólares, sí ha dado luces sobre el objetivo de la consultaría que supuestamente no puede hacer el Estado.
De hecho, en la propuesta, Alfaro, Ferrer y Ramírez, explican que revisarán los antecedentes de los 4 contratos para centros hospitalarios adjudicados a IBT, para lo cual usarán "toda la documentación relevante que nos suministre el Minsa", además de realizar reuniones y un memorándum final de su análisis, diagnóstico y recomendaciones legales.
Llama la atención que la empresa externa contratada participaría también de la "estrategia a seguir de cara a las negociaciones con el contratista", e incluso tendría un papel protagónico en la "redacción" de enmiendas a los contratos, y de los "nuevos términos contractuales".
Para la economista Maribel Gordón, este contrato directo del Minsa a favor de la firma de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez, "no tiene ninguna razón de ser".
"¿Dónde están las instituciones del Estado que deben controlar, fiscalizar y monitorear estos proyectos?", se cuestionó la también activista política.
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La economista recordó que "hay funcionarios a quienes se les paga para esta función, y si no la cumplen por incompetencia, o porque el Estado no les permite trabajar, esto nos lleva a una crisis institucional".
Maribel Gordón afirmó que ya tenemos una lesión patrimonial con los retrasos de los hospitales, "pero, para colmo, pareciera que al nuevo gobierno PRD le resulta un negocio contratar a una empresa que realice una acción de su competencia directa".
El Consorcio IBT-Health no ha logrado culminar la construcción de los hospitales de Bugaba (Chiriquí), Manuel Amador Guerrero (Colón), Anita Moreno (Los Santos) y el Hospital de Metetí (Darién).
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