La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  concedió una medida cautelar a una migrante venezolana detenida en Panamá desde hace ocho meses a raíz de detectarle que es paciente con VIH y pidió a Panamá detener su deportación. 

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El organismo alega que esta mujer se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentarían un riesgo de daño irreparable en caso de ser deportada en las circunstancias actuales a Venezuela.

Entre las organizaciones que mostraron el documento que busca el apoyo para esta mujer están: el Comité de Derechos Humanos de Panamá, Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP), Sociedad Civil Unificada en VIH o Espacio de Encuentro de Mujeres.

El organismo internacional, apuntaron las asociaciones, pidió parar la deportación "en tanto las autoridades internas no hayan debidamente valorado conforme a los estándares internacionales aplicables, el alegado riesgo enfrentado respecto a su situación de salud".

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"La concesión de esta medida cautelar representa un llamado de atención respecto del proceder de ciertas instituciones del Estado panameño en el cual pareciera existir un acuerdo para lograr que el Estado General de Cumplimiento en materia de Derechos Humanos sea inoperante", agregaron.

La Defensoría del Pueblo de Panamá acusó el pasado agosto al Gobierno panameño de aplicar políticas migratorias que propicien actos de discriminación y explicó el caso de esta migrante venezolana que se encuentra detenida en Panamá y de otra que también estaba infectada con VIH y que finalmente fue deportada a Venezuela.

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"En Venezuela no hay antirretrovirales. El Estado panameño es el que está permitiendo estos actos y el que básicamente está estableciendo una condena de muerte sobre las mujeres que son sacadas a países que no pueden ofrecerles tratamiento", denunció entonces en rueda de prensa el director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo, Víctor Atencio.

Cifras

Panamá se comprometió el año pasado a conseguir en 2020 el objetivo 90-90-90, lo que implica que el 90 % de las personas que viven con el VIH conocerán su estado serológico, que el 90 % de las personas diagnosticadas recibirán tratamiento antirretrovírico continuado y que el 90 % de las personas tratadas alcanzarán la supresión vírica.

El organismo internacional contabilizó en 2015 que en América Latina había 2 millones de personas con VIH, 100.000 nuevos contagios en adultos y 2.100 nuevas infecciones en niños.

Ese mismo año, de acuerdo a los datos de la ONU, perdieron la vida cerca de 50.000 personas a causa de enfermedades relacionadas con el VIH.