Residentes en Limajo impedirán demolición de edificios por medio de la Corte Suprema
Los afectados ante la posible demolición de edificios en la barriada Limajo en San Miguelito interpusieron amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia.
Edificio afectado en Limajo.
Los residentes de tres edificios ubicados en la barriada Limajo en San Miguelito interpusieron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia debido a lo que consideran una amenaza del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que busca derrumbar los edificios por estar sobre la servidumbre pluvial.
En tanto, la entidad dio a conocer que la demolición de estas propiedades está suspendida hasta que se decida de fondo este amparo de garantías.
Las inundaciones fueron los primeros indicios de que algo no andaba bien con los drenajes pluviales en estas edificaciones. El área frecuentemente se inunda desde hace dos años.
Los edificios son el PH Comerciales Limajo, PH Madison Tower y PH Operadora Universal fueron construídos en Limajo y se multó con $100 mil al responsable de cada uno de los tres.
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Los residentes están preocupados por la situación, incluso ayer se reunieron con representantes de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
El ingeniero municipal de San Miguelito, Ricardo Sánchez informó en TVN Noticias que al revisar los planos, ubicaron por debajo de la estructura la presencia de un drenaje pluvial por ello el MOP emitió una resolución para la demolición.
Sánchez considera que se podría resolver este problema atacando la tubería de alguna manera y desviarla, y no demoler los edificios.
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Agregó que los planos del edificio que llegaron a la oficina de Ingeniería Municipal de San Miguelito no tenía contemplada la tubería por lo que piensa que hubo una omisión y se aprobaron los planos teniendo el conocimiento de que la tubería pluvial se encontraba en el lugar.
Por otra parte, Oscar García, administrador Acodeco señaló que hay personas que compraron de buena fe estos apartamentos y ahora se encuentran en esta difícil situación. "La obra contaba con todos los sellos, pero no sé si se dieron de manera indebida" dijo García.
Se trata de cerca de 65 familias más las personas que trabajan en los locales comerciales las que estarían afectadas ante la decisión.