Delaciones confirman selectividad en investigaciones de Odebrecht

La selectividad en las investigaciones de Odebrecht quedó evidenciada ayer en las audiencias de homologación de acuerdos de cooperación internacional.

A pesar de que el exrepresentante de Odebrecht en Panamá, Andrés Rabello, afirmó que los "pagos indebidos" en el país se hicieron desde el año 2007, el Ministerio Público no ha avanzado en investigar a la administración del expresidente Martín Torrijos.

Y, también, pese a que el alto exdirectivo de Odebrecht, Olivio Rodrigues, al igual que Rabello, confirmó que el bufete de abogados del diputado oficialista Jorge Alberto Rosas recibió pagos por $3.2  millones de Odebrecht, sin tener un contrato laboral.

La Corte Suprema rechazó, por falta de prueba idónea, la denuncia en este sentido contra el panameñista.

Hay que destacar que los pagos que se hicieron a la firma del abogado oficialista se realizaron en denominaciones de 89 mil 122 dólares, 339 mil 152 dólares, 472 mil 302 dólares y dos millones 395 mil 177 dólares, este último pago por parte de la empresa Constructora del Sur.

Rabello indicó, además, que estos no fueron los únicos pagos que recibió la firma de Rosas; sin embargo, esos otros desembolsos no tenían que ver con él.

Tampoco, el Ministerio Público ha avanzado en las investigaciones de los "pagos indebidos" que recibió el amigo del presidente Juan Carlos Varela y excónsul en Corea del Sur, Jaime Lasso, y que terminaron en forma de donación en la campaña electoral del ahora gobernante, en el 2009.

El procedimiento utilizado por el Ministerio Público en este caso fue duramente criticado por el presidente del Colegio de Abogados, Dionicio Rodríguez, quien vaticinó que el mismo se cerrará por tecnicismos jurídicos.

Luego de que el juez Óscar Carrasquilla decidiera validar los acuerdos y ordenó el archivo de la causa contra la empresa y sus ejecutivos, Rodríguez señaló que el caso se caerá, debido a la inexistencia del contradictorio.

A su juicio, luego de este acuerdo entre las partes, los corruptores de la empresa constructora Odebrecht fueron los que salieron mejor librados.

Aseguró que el Ministerio Público y el juez Carrasquilla cometieron un error al archivar la causa, a pesar de que a las 11 personas señaladas por Rabello se les limita el derecho a la defensa, al no poder confrontar sus versiones.

Según el abogado, lo expuesto en el acuerdo no podrá ser refutado cuando se realicen los juicios a los investigados por recibir presuntos sobornos de la empresa Odebrecht.

"Aquí se mencionaron 11 nombres, pero no ha habido oportunidad para que esas personas puedan defenderse; el debido proceso dice que ellos tienen el derecho de defenderse", reflexionó Rodríguez.

Según el presidente del Colegio de Abogados, en su momento el debido proceso dirá que estas 11 personas mencionadas tendrán derecho a defenderse y sus abogados van a querer cuestionar a Rabello y este no sabrá cómo responderles.

Rabello tenía tres procesos abiertos en Panamá, los cuales fueron archivados ayer.

Se le seguían causas por delitos contra el orden económico, blanqueo de capitales y contra la administración pública.

"Yo creo que le hizo falta en este interrogatorio, tanto al Ministerio Público (MP) como al juzgador y no logro entender que si él (Carrasquilla) tiene en su cabeza que cerró y archivó el caso para la empresa Odebrecht con su decisión", indicó Dionicio Rodríguez.

El ejecutivo se ratificó en que pagó dinero a la firma de Rosas y a Jaime Lasso por 700 mil dólares, a través de las sociedades Klienfield a favor de V-Tech LTD y Poseidon Enterprises LL en el Meinl Bank en Antigua.

Sin embargo, el MP advirtió que Lasso fue investigado en la gestión de la exprocuradora Ana Belfon, quien archivó la causa, lo que impide reabrir el caso, al igual que el de su hija Michelle Lasso.

Por otro lado, la fiscalía anticorrupción, ayer, concentró la mayoría de sus argumentos en contra de exministros de la administración anterior y de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Homologación viciada

El abogado Samuel Quintero, quien representa a Rabello y a las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Constructora Odebrecht S.A. en este caso, fue quien negoció con la Procuraduría las homologaciones y además es el representante legal de la procuradora Kenia Porcell en algunas querellas que esta tiene en su contra, situación que de alguna manera pudiera reflejar un conflicto de intereses.

Se cuestiona cómo la fiscalía archivó la causa en contra de los delatores brasileños y la empresa Odebrecht, cuando no hay certeza de que se puedan recuperar los $210 millones, en un periodo de 12 años, como se estableció.