EE.UU. mantiene al grupo Waked en Lista Clinton

El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) sigue considerando al panameño Abdul Waked y a sus empresas como supuestos colaboradores de una red vinculada al narcotráfico y lavado de dinero.

Cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a 68 compañías del grupo Waked en la Lista Clinton, en la que aparecen negocios relacionados con el blanqueo de capitales, producto del narcotráfico, su situación legal aún no se resuelve.

Guillermina McDonald, abogada del empresario panameño Abdul Waked, señaló a Panamá América que estos cincos meses que han pasado desde que se incluyo al grupo Waked en la Lista Clinton han permitido que el Ministerio Público realice su investigación.

Agregó que el Colegio de Abogados (CNA) ha emitido una serie de comunicados, en los cuales señala que mantener a este grupo empresarial dentro de la lista es la cosa más "antojadiza" y "subjetiva", lo cual viola los derechos humanos y la democracia.

McDonald resaltó que a los abogados del señor Waked en EE.UU. no se les permite ver el expediente para poder realizar la debida defensa del empresario.

"A los abogados del señor Waked en EE.UU. lo único que les han dado ha sido una serie de documentos tachados con una raya negra y les señalan que no tienen derecho a ver el expediente porque no es de su debida competencia, lo que viola el derecho a la respectiva defensa", agregó la abogada.

"Como abogada, yo estoy esperando que se cumplan los seis meses reglamentarios, el 5 de noviembre, como dice la norma, la cual habla de que la investigación sumarial debe estar completa a los cuatros meses y dos más de prórroga si existe más de un imputado, y si no hay nada más, que cierren el expediente", dijo.'

Medida acabó con miles de empleos y tiene a otros en incertidumbre

El cierre de negocios del grupo Waked afectó a miles de personas que perdieron su trabajo debido al cese de operaciones de estos.

Entre dichas empresas está La Riviera, la cual no solo tiene operaciones en el país, sino en varios “duty free” de aeropuertos de la región.

También figuró Hometek, dedicada a la venta de electrodomésticos y tecnología, la cual contaba con sucursales en los principales centros comerciales del país.

En una situación crítica continúan trabajadores de Félix B. Maduro, ya que, a pesar de que fue cedida por Waked a un fideicomiso, todavía el futuro de estas personas es incierto. 

Otro grupo que se encuentra a punto de perder su fuente de ingresos son los trabajadores de Soho Mall, centro comercial propiedad del empresario, que luego de abrir con grandes expectativas para un público selecto en el área bancaria, ha quedado como un centro “fantasma”, ante la zozobra de estas personas.

Las autoridades estadounidenses relacionaron a dichas compañías con la red denominada Waked Money Laundering Organization, en la que supuestamente usaron dinero del comercio para el blanqueo de capitales.

Entre las empresas que fueron incluidas en la lista están Grupo Wisa, Vida Panamá (Zona Libre), Soho Mall, Millennium Plaza, Félix B. Maduro, Importadora Maduro y Balboa Bank.

También están las tiendas Hometek, las cuales, luego de registrarse esta situación, tuvieron que cerrar operaciones.

Aunque algunas de estas empresas han recibido licencias, como Grupo GESE (El Siglo y La Estrella), Félix B. Maduro, Balboa Bank Trust y Soho Mall, su futuro empresarial sigue siendo incierto.

En el caso de Soho Mall y Félix B. Maduro, se creó un fideicomiso, con lo que se busca garantizar la continuidad de los mismos.

Para el internacionalista Euclides Tapia, el Gobierno panameño debe tratar de esclarecer la situación del grupo empresarial Waked, sin importar si la investigación que realicen sea negativa o positiva.

En su momento, el embajador de EE.UU. en Panamá, John Feeley, manifestó que estaban trabajando de la mano con el Gobierno de Panamá para preservar los empleos, al reconocer que los colaboradores no tienen la culpa de lo que hicieron sus jefes.

El diplomático explicó que mantiene contacto permanente con la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.