El MEF evita pronunciarse sobre demanda contra PPC
El abogado Pedro Meilán sostiene que la empresa ha dejado de pagar al Estado 72 millones de dólares en concepto de dividendos.
Esta empresa tiene la concesión de dos de los puertos principales de Panamá: Balboa y Cristóbal.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) guarda silencio por la denuncia de bien oculto que presentó el abogado Pedro Meilán en contra de Panamá Ports Company, filial de la transnacional Hutchinson Ports, con sede en Hong Kong.
Panamá América envió el pasado miércoles un cuestionario al ministro Dulcidio De la Guardia para conocer qué trámite le había dado a esta denuncia, por la que el Estado panameño habría tenido un supuesto perjuicio por $72 millones, sin embargo, de Relaciones Públicas informaron que contestará en esta semana.
El MEF ha guardado silencio, sabiendo que el Estado no ha tenido reportes financieros de Panamá Ports, siendo el dueño del 10% de esta empresa, que tiene la concesión de dos de los puertos principales de Panamá: Balboa y Cristóbal.
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Meilán también pidió a la Contraloría que investigue la posible lesión patrimonial causada al Estado por parte de Panamá Ports.
Sostuvo en su denuncia que "la posible adquisición por un particular de dineros que le corresponden al Estado como accionista de Panamá Ports, así como la ocultación del origen de ganancias o dividendos de Panamá Ports sobre tales dineros, constituye claramente un bien oculto".
"Se trataría de dineros del Tesoro Nacional que estarían siendo adquiridos ilegalmente por los particulares", agregó Meilán.
Explicó en su denuncia que de toda ganancia o dividendo de Panamá Ports, al Estado le corresponde 10%, por lo que si un particular se queda con ese porcentaje, está evadiendo el pago de forma ilegal.
Desde el inicio del contrato de concesión, en 1997, Panamá Ports solo ha pagado al Estado dividendos por un millón de dólares, a pesar de que en 20 años de vigencia, ha logrado acaparar 58% del movimiento de contenedores del país.
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"El casi inexistente pago de dividendos por Panamá Ports al Estado, sugiere una posible ocultación de ganancias y dividendos que debieron ser pagados al Estado", reiteró Meilán.
En el recurso presentado al MEF, Meilán renunció por adelantado a la participación del 30%, a efecto de que los dineros sean recuperados.
Además, pidió al MEF que se le designe "apoderados especiales con poder suficiente para que mediante un proceso aparte, interpongamos un arbitraje contra Panamá Ports, a efecto de que se dé por terminado el contrato por incumplimiento de la empresa en varias de sus obligaciones, como la de no presentar información financiera y de operación de manera periódica, tal como fue acordado en la adenda del contrato, suscrita en 2005.