El próximo gobierno pondría 7 magistrados

En esta semana que se inicia, el presidente Juan Carlos Varela se comprometió a designar a los abogados que deberán suplantar a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega en la Corte Suprema de Justicia.

Una demora de casi 300 días, luego de que sus primeros nombramientos, Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar, fueran rechazados por el pleno de la Asamblea Nacional.

No obstante, Varela podría correr con igual suerte que la acontecida en enero, si sus nuevas designaciones generan polémica, una vez más.

Ante el anuncio, semanas atrás, de que el Gabinete retomaba el tema, diputados de oposición dieron por casi un hecho que los nombres que envíe el Órgano Ejecutivo para la Corte Suprema serían rechazados.

Esta postura fue acuerpada por el diputado veragüense y secretario general del PRD, Pedro Miguel González.

Si se da este rechazo en la Asamblea, el próximo gobierno, que debe tomar las riendas del país en julio de 2019, tendría que designar no solo los reemplazos de Mejía y Ortega, sino de otros cinco magistrados a los que se les vence su periodo constitucional en el próximo quinquenio.

En ese orden, el 31 de diciembre de 2019 se vence el periodo de Harry Díaz y Abel Zamorano.'

Cifras

10 meses han pasado desde que se les venció el periodo a los magistrados Ortega y Mejía.

2 nuevos magistrados deben ser designados por el Ejecutivo a finales de 2019.

Lo curioso es que ninguno de los dos asumieron sus cargos en enero de 2010. Zamorano quedó como principal, tras la destitución de Alejandro Moncada Luna, en marzo de 2015, y Díaz fue nombrado en abril de 2011, tras la renuncia de José Abel Almengor.

En el próximo quinquenio también se vencen los periodos de los magistrados Juan Ramón Fábrega y Hernán de León (31 de diciembre de 2021), y el de José Ayú Prado (31 de diciembre de 2022).

Sumado a esto, también hacen falta por nombrar los suplentes de los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalises, así como el suplente de Moncada Luna, ya que Zamorano no ha sido designado como principal.

Oportunidad perfecta

Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, si esta posibilidad se da, sería la oportunidad perfecta para  que los partidos lleguen a un gran consenso nacional e iniciar con el funcionamiento de una sala constitucional.

Esta sala se encargaría de ver temas relacionados con garantías fundamentales, entre las que están amparos, habeas corpus, acciones de habeas data, entre otros.

La Sala Constitucional se encargaría de darles respuesta en tiempo oportuno a las solicitudes que tienen muchos panameños en cuanto a una justicia más expedita.

Intentos

En dos ocasiones anteriores esta sala intentó funcionar, pero protestas en su contra no permitieron que se estableciera.

La oposición a esta no fue por su naturaleza, sino por el nombramiento de sus magistrados, que fue visto como una ventaja para que el Ejecutivo tuviera una correlación de fuerzas a su favor, en el Órgano Judicial.

Araúz añadió que para la creación de esta sala, el próximo gobierno debe comprometerse con la sociedad y terminar con el método colapsado con que se escogen los magistrados, de manera tal que se elimine la percepción de que estos funcionarios son de un gobierno determinado y responden al mismo.

En tanto, el exministro de la Presidencia Salvador Sánchez dijo antes de dejar el cargo que si se convocan a sesiones extraordinarias se resolvería, no solo el tema de los dos magistrados, sino de los suplentes.