Elección del defensor revive estabilidad del pacto de gobernabilidad

La elección del nuevo defensor del pueblo revive en la Asamblea Nacional el denominado pacto de gobernabilidad entre el Partido Panameñista y el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Miembros de la sociedad civil, como el jurista Miguel Antonio Bernal, han denunciado que cuando las mieles políticas unían a estos dos colectivos, se dio un acuerdo en el que el oficialismo cedía al PRD la designación de la figura que sustituirá a la defensora del pueblo saliente, Lilia Herrera.

Dentro de la lista preliminar de aspirantes aparecen dos abogados ligados al PRD y allegados al expresidente de la República Martín Torrijos, quienes ya suenan como ungidos para disputarse el cargo.

Se trata de James Bernard, abogado de Martín Torrijos en el escándalo del Cemis, y el jurista Harley Mitchell Morán, ambos con nexos perredistas.

El constitucionalista Ernesto Cedeño considera que una elección tan importante no debe supeditarse a un pacto político.

"Siempre se ha escogido así... se ha convertido en un cargo intrascendente porque siempre buscan a personas afines al Gobierno y no que hagan contrapeso en la gestión de quienes las nombran", dijo.

No obstante, el diputado oficialista Luis Eduardo Quirós, jefe de la bancada panameñista, negó que haya figuras favoritas ni arropadas con el beneplácito del PRD, de Torrijos o el mandatario Juan Carlos Varela.'

Los datos

• Postulaciones

• Veintiséis personas se postularon ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para el cargo de defensor del pueblo.

• Elección

• Los 26 aspirantes tienen opción de ser elegidos, según el reglamento de elección del defensor. El que logre la mayoría de votos de los diputados (36) será quien reemplace a Lilia Herrera. Si no ocurre eso, se depura la lista y se hace otra elección entre los más votados.

• Requisitos

• Entre los requisitos que deben cumplir los candidatos se encuentran una carta que contenga los argumentos por los cuales considera que debe ser elegido, sus documentos de identidad personal, académicos y la certificación del Tribunal Electoral de que el candidato o candidata se encuentra en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

La elección de este funcionario se ha visto retrasada en varias ocasiones por la ola de críticas que ha recibido el Gobierno, precisamente porque el partido oficialista y el opositor PRD no se han puesto de acuerdo en a quién designar para su ratificación.