Empresa Genisa desmiente al Gobierno y exige respeto

El acuerdo firmado entre el Gobierno y los caciques de la comarca Ngäbe-Buglé, para dar continuidad al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, es considerado una burla y un atentado contra la seguridad jurídica en el país.

"Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco. Genisa, concesionaria del proyecto, nunca ha sido parte de dicha mesa de diálogo", aseguró la empresa, a través de un enérgico comunicado.

Agregó que , durante este tiempo, se han tomado y se siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto, lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a los equipos y obras de infraestructura, entre otros.

Enfatizó que el lunes, el Gobierno anunció la firma de un acuerdo con la Comisión Indígena, el cual fue informado a la empresa con posterioridad a este evento. Genisa no es parte de este acuerdo.

Los señalamientos de la empresa que construyó la hidroeléctrica contrastan con las aseveraciones del Gobierno de que Genisa demostró un completo entendimiento de la situación del proyecto y cooperó para alcanzar una solución.

Además, destacó el Gobierno que precisamente, gracias al proceso de diálogo fue posible llegar a un acuerdo que respeta la seguridad jurídica.

Muy contrario a lo que señala el Gobierno, Genisa destaca su desacuerdo ante las imposiciones incluidas en el convenio y las afectaciones sufridas hasta la fecha y que sobrevendrán a futuro como consecuencia de la mesa del diálogo.

Añadió que se reserva el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a su disposición para proteger su derecho a un trato justo y equitativo de su inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a sus derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.

Genisa no es la única preocupada. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) emitió severos señalamientos.

"Nuestro ordenamiento constitucional exige que los procesos se lleven a cabo con apego a la ley y sin fueros ni privilegios, de allí nuestra preocupación de que a un proceso con complicados ribetes jurídicos y culturales, se le haya buscado una solución política", indicó el gremio empresarial.

Para Apede, la solución del Gobierno podría no ajustarse al ordenamiento jurídico del país y pidió que Genisa sea incluida como parte integral.

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que divulgue mayores detalles sobre el acuerdo, incluyendo cómo el mismo se enmarca dentro de la ley, para así enviar una señal clara de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica de las inversiones", exigió Apede.

Mientras que Roberto Meana, administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), señaló que el acuerdo se dio luego de que "la empresa Genisa comprendiera que el problema son ellos y decidieran alejarse del proyecto", totalmente incongruente con la postura de Genisa.

Por su parte, Aida Michelle de Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señaló que lo de Barro Blanco es un precedente "nefasto" para el país, sobre todo, por la forma como se llegó al acuerdo.

Considera que en este acuerdo debieron estar presentes todas las partes y no solo los representantes ngäbes y buglés y el Gobierno.

El jurista Ernesto Cedeño advierte que en Derecho Administrativo, si una persona tiene una concesión o un contrato público, ningún gobierno lo puede "desalojar" si no es a través de dos vías, la resolución administrativa del contrato por incumplimiento y la otra es la indemnización a la empresa afectada.

Detalló que un acuerdo sin la aprobación de la concesionaria pudiera lesionar la seguridad jurídica y el principio de legalidad que en Panamá tiene rango supremo.

Genisa y sus contratistas aseguran que han cumplido en todo momento y a cabalidad con todos los permisos y regulaciones aplicables conforme a la ley panameña.

"Lamentamos cómo estas decisiones y situaciones han incidido materialmente y de manera negativa en la construcción y a futuro en la operación comercial de este proyecto, que fuera declarado de interés público y carácter urgente" por el Gobierno de la República de Panamá y que se nos adjudicó en el año 2007, producto de un acto de licitación pública internacional", declaró la empresa.

Cedeño añadió que la Sala Tercera de la Corte Suprema dijo en sentencia de 30 de abril de 2009: "El Estado tiene la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que abran paso a situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico".