Fiscal le niega testigos a Mulino, lo que impide una defensa efectiva
La defensa del exministro José Raúl Mulino denunció que la Fiscalía Tercera Anticorrupción le negó la comparecencia de los testigos que solicitó.
José Raúl Mulino fue detenido luego de tres días de indagatoria. / Víctor Arosemena
La defensa del exministro José Raúl Mulino denunció que la Fiscalía Tercera Anticorrupción le negó la comparecencia de los testigos que solicitó.
El abogado Ramsés Barrera informó que la fiscalía rechazó como testigo al presidente Juan Carlos Varela, pese a que este fungía como canciller cuando se elaboró el memorándum de entendimiento con Italia para la compra de los radares, que posteriormente fue aprobado en Consejo de Gabinete.
También denunció como irregular que la fiscalía haya negado el testimonio del jefe del Servicio Aeronaval, Belsio González, quien ya compareció a solicitud de la fiscal, pero que ahora lo descarta.
Sostiene que la decisión de la fiscalía sobre González afecta a Mulino.
Barrera agregó que la fiscalía, "inexplicablemente", omite que los radares comprados a Italia no solo pueden captar lanchas rápidas en un radio de 20 millas, sino también narcoavionetas en un rango de 1,500 metros de altura.
Se pregunta cómo la fiscalía solo le endosa a Mulino la captación de lanchas rápidas y por qué el ministro Rodolfo Aguilera ordenó suspender la instalación de los aparatos, que en los últimos 17 meses se han deteriorado, lo que impide el funcionamiento efectivo del equipo.
En tanto, familiares y abogados de Mulino elaboraron una lista de al menos ocho mentiras del Ministerio Público en las investigaciones de la compra de radares a Italia.
Sostienen que la fiscalía habla de peculado, pero a Mulino no se le ha encontrado ninguna cuenta, depósito o propiedad indebida.
Agregan que Mulino está detenido porque la fiscalía aduce peligro de fuga, sin embargo, este regresó voluntariamente al país de un viaje privado para enfrentar durante tres días una indagatoria, pese a que se le advirtió que sería detenido.
La fiscalía lo acusa de cobro de coima, no obstante, no ha podido acreditar su acusación ni establecer de cuánto fue la presunta coima ni cómo fue cobrada. Añaden que solo se han pagado $68.3 millones, los cuales el actual gobierno debe explicar si forman parte de la deuda estructurada.