Gobierno abusa del uso de las contrataciones directas

Las contrataciones directas en el Gobierno han pasado a ser de un trámite casual a una actividad cada vez más frecuente, y han sido objeto de críticas por presuntamente beneficiar a empresarios y allegados de la administración del presidente Juan Carlos Varela.

Millones de dólares han sido adjudicados sin competidor alguno, en proyectos de vivienda, servicios de salud, recolección de basura e incluso festejos.

Aun los propios funcionarios que componen el engranaje gubernamental han reconocido haber incurrido en tráfico de influencias por estas contrataciones dudosas.

Tal es el caso del gerente de Tocumen S.A., Joseph Fidanque    III, quien afirmó que en su administración no solo se realizan contrataciones directas, sino que hay empresas allegadas a él y a sus familiares que se han visto beneficiadas con estas compras.

Solo el año pasado, Fidanque III autorizó unas 68 contrataciones directas cuyo monto asciende a 1.2 millones de dólares.

"Sí, se hacen estas compras directas -en Tocumen S.A.", dijo Fidanque, a la vez que aceptó que es accionista en varias de estas compañías proveedoras de la terminal aérea.

A su vez, otro de los funcionarios que ha reconocido las compras directas sería el encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu.

El ministro aceptó que ejecutó el año pasado fondos para el programa Techos de Esperanza a través del entonces Programa de Ayuda Nacional (PAN), ahora Dirección de Ayuda Social (DAS).

Se trata de al menos 72 contrataciones directas realizadas por el PAN para Techos de Esperanza entre septiembre y diciembre de 2014, por más de 5 millones de dólares.

Sin embargo, no escaparían de los beneficios de estas contrataciones los aliados políticos y simpatizantes del Partido Panameñista.

Este es el caso reciente de una contratación directa para la empresa Cereales Nutricionales Especializados S.A., que distribuirá la crema nutritiva enriquecida para los preescolares y escolares de los centros educativos oficiales del país, a un costo de 3 millones 49 dólares.

La polémica surge por tratarse de una empresa propiedad de Jhonny Zeballos, familiar del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Pedro Miguel González.

Y es que el beneficio político que produce favores a políticos y las empresas amigas se hace aprovechando casi cualquier evento o celebración, denunciaron los críticos del Gobierno.

En este caso, la cancillería aprobó días antes una contratación para beneficiar a una empresa que estará encargada de atender a 3,000 invitados especiales para la celebración del Canal ampliado, por 534 mil 819 dólares.

Ello, para el consumo de los visitantes y servicios especiales como catering por $157 mil 500, bebidas y licor $85 mil 500, carpas varias por $73 mil 841, equipo técnico $54 mil 500 y decoración unos $40 mil 640, entre otros.

También aprovechando la falta de personal de instituciones públicas, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual adjudicó a la firma de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán, un contrato por la suma de 250 mil en concepto de asesoría legal, y cuyo socio sería el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán.

Incluso para hacer frente a los últimos escándalos internacionales, en los que se ha mencionado a una firma de abogados, propiedad del exasesor de la Presidencia Ramón Fonseca Mora.

Ello a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha llevado una campaña contra el delito de lavado de dinero por un costo de $210 mil 790.

Pese a esto, la Procuraduría General de la Nación, que debe investigar los delitos, se ha encargado de congelar procesos por contratos directos en otras entidades como el Ministerio de Educación, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Salud.

Mala práctica

Esto hace que la actuación del Gobierno sea vista por analistas y conocedores como una acción que lleva la intención de que sean las empresas las que se beneficien.

Para el analista político y representante del partido en formación FAD Fernando Cebamanos, "este gobierno ha abusado de la utilización de una vía que lleva ganancias a la empresa privada".

"Cuando una licitación va a un concurso de precios, deben bajar los costos, pero al serlo de forma directa, el costo se eleva hasta en un 35%, por ello hay corrupción", afirmó.

Cebamanos dijo que no existen castigos para los funcionarios que se les ha detectado siendo beneficiados con este tipo de compras.

Agregó que todo estaría reglamentado en la ley, pero sigue siendo vulnerada.

En este sentido, el abogado Neftalí Jaén señaló que casi "tenemos 24 meses de estar laborando con la misma ley de contrataciones públicas" que no resistía una modificación más.

"Se ha modificado 10 veces la ley de contrataciones públicas, y entrar a hacer una modificación como se aprobó hace algunos meses en la Asamblea Nacional y que no ha sido sancionada por el Gobierno, denotaba que no resistía un cambio más", manifestó.

Sostuvo también que lo correcto sería derogarla como se sugirió en su momento, para luego elaborar un nuevo documento, pero no seguir trabajando con una ley que tanto pregonó el gobierno que iba a eliminar.

"Lo que ha hecho es sumarse a las modificaciones; mientras se mantenga y haya remiendos no se llegará a un feliz término", determinó.

No obstante, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha insistido en aplicar el sistema de contratación, y de forma excesiva, afirman sus críticas.

Ante esto, el abogado Neftalí Jaén afirma que es el presidente Varela quien debe dar el puntillazo final.