IBT se asocia a Rodsa para negocio de cárceles
Constructora Rodsa es considerada una de las empresas favoritas de este Gobierno por su conexión con el empresario Pedro 'Peter' Vallarino.
El nuevo complejo penitenciario estará ubicado en costa abajo de Colón, sector Río Piña, corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón.
El Ministerio de Gobierno sacó a licitación dos proyectos de cárceles por más de 100 millones de dólares, pero todo quedó en manos de un solo grupo económico: International Business and Trade (IBT Group) y la Constructora Rodsa, esta última considerada una de las empresas favoritas de este Gobierno por su conexión con el empresario Pedro "Peter" Vallarino, amigo personal y parte del círculo cero del mandatario Juan Carlos Varela.
En marzo pasado, IBT logró individualmente el contrato para la construcción del nuevo centro femenino de rehabilitación en Pacora por 27.6 millones de dólares.
IBT es la misma empresa que causó polémica por supuestos sobrecostos en la construcción de los Minsa Capsi. Al inicio de la administración Varela, el Gobierno anunció un acuerdo con IBT para que la empresa pudiera seguir con sus contratos que incluían cuatro hospitales, hasta ahora no terminados: Colón, Los Santos, Bugaba y Metetí.
En esta licitación, la comisión evaluadora descalificó a la única empresa que competía con IBT: el consorcio Coexco. Hasta este año, a IBT Group solo se le conocía en Panamá por la construcción de hospitales.
Luego de la licitación de la cárcel de Pacora, IBT buscó una alianza con una de las empresas que más contratos ha ganado en el gobierno de Varela: Rodsa.
Fue así que presentaron a través del Consorcio Centro Penitenciario Colón una oferta para la nueva cárcel de Colón, pero esta vez por un negocio mucho mayor: 76 millones de dólares.
Nuevamente en esta licitación se repitió el veredicto de la comisión evaluadora: se descalificaron por razones de forma las dos ofertas que competían con la del consorcio IBT-Rodsa, que ofertó 76.7 millones de dólares.
La comisión evaluadora está integrada por Manuel Patterson, Fermín Caballero, Maribel Cedeño, Gilma Chiari y Alma de León.
La ministra de Gobierno, María Luisa Romero, procedió inmediatamente a adjudicar el contrato de esta cárcel a IBT Group y Rodsa, ignorando posibles acciones de reclamo como se dio en el contrato para el nuevo centro femenino de rehabilitación en Pacora.
Con el precio más alto, lo que deja en evidencia es la falta de transparencia, sostiene Juan Jované, economista y catedrático universitario. Las comisiones de evaluación tienden a eliminar a los otros competidores para que solo quede un competidor con la posibilidad de que le quede el contrato, señaló.
"Si no fuera un hecho sistemático no habría la necesidad de pensar que está mal, pero cuando hay un hecho como este, evidentemente eso levanta dudas", expresó Jované.
Por su parte, Enrique "Chito" Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción, considera que cuando se suma tanta cantidad de millones en contratos, existe algo raro, mientras que el Gobierno guarda silencio sobre los escándalos.
Montenegro es de la opinión de que el presidente Juan Carlos Varela debe ser el primero en ordenar las investigaciones o de lo contrario, después la culpa le va a caer a él, cuando ya no sea presidente, ya que no puede ser que una empresa se gane $500 millones en contratos con el Gobierno, aun teniendo reclamos de otras empresas de las licitaciones amañadas.
Datos de la última encuesta de opinión pública de Dichter & Neira dejan en evidencia que la actual administración sigue a la deriva, ya que solo 12% de los entrevistados percibe que este Gobierno es transparente, contra 84% que piensa lo contrario.