Panamá
Contraloría investiga contrato de 9 instalaciones deportivas en Coclé ejecutado por Pandeportes
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La auditoría en los distritos de Olá, Natá y La Pintada surge tras denuncias ciudadanas. La revisión abarca adendas, pagos y la ejecución a cargo del Consorcio
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La Contraloría General de la República ordenó el inicio de una auditoría forense al contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en la provincia de Coclé, obra ejecutada a través del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).
Esta intervención responde, según la Contraloría a denuncias ciudadanas sobre la ejecución del proyecto, lo que motivó una investigación especializada para determinar si los recursos públicos fueron administrados con transparencia y con apego a la legislación vigente.
El proyecto bajo la lupa
La fiscalización se centrará en las obras proyectadas para los distritos de Olá, Natá y La Pintada, las cuales fueron adjudicadas al Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Los equipos técnicos especializados de la Contraloría realizarán un análisis integral que incluye:
Reorganización y revisión de expedientes administrativos y registros contables, así como la inspección de informes técnicos, órdenes de cambio y estados de pago.
Tambié se hará una evaluación de las modificaciones aprobadas, adendas y ampliaciones de plazo concedidas y la verificación de los montos desembolsados y las liquidaciones del contrato.
"Ningún contrato quedará fuera del escrutinio. Cada adenda, cada pago y cada liquidación serán examinados con rigor técnico para establecer si los recursos públicos fueron administrados conforme a la ley", advirtió la Contraloría
Alcance y deslinde de responsabilidades
La entidad precisó que este expediente en Coclé marca el inicio de una serie de auditorías forenses a diversos contratos de infraestructura deportiva bajo la gestión de Pandeportes.
Asimismo, la Contraloría aclaró que la apertura de estas investigaciones responde a su mandato constitucional y no constituye un juicio anticipado, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
En caso de que los análisis determinen la existencia de posibles lesiones patrimoniales al Estado o conductas con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.
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