Moore podría perder su idoneidad temporalmente

Las personas que se consideren afectadas por las presuntas arbitrariedades de Zuleyka Moore mientras estuvo en la Fiscalía Anticorrupción podrían solicitar al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (CNA) la suspensión de su idoneidad a fin de que no pueda seguir haciéndole daño a ningún otro ciudadano mediante sus actuaciones.

Este es el caso del periodista Julio Miller, que recientemente en su programa radial, recordó haber sido víctima de las “aberraciones jurídicas” de Moore.

Este tipo de reclamaciones, según el abogado Basilio González, no prescriben; pueden presentarse ante el CNA independientemente de cuándo se dieron los hechos, que luego de pronunciarse al respecto, envía el documento a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se emite la certificación profesional de los juristas, para que realice la inhabilitación temporal.

Señaló que la idoneidad de Moore pudiera ser suspendida hasta por un periodo de cinco años, al igual que ha sucedido con otros letrados en el país, por cometer actos contrarios a la ética profesional y la libertad personal, pues sus decisiones derivaron en la privación de personas que, luego de elevar su causa a última instancia, fueron declaradas inocentes, lo que demuestra que no contaba con las pruebas suficientes para acreditar los hechos.

González lamentó que algunos elementos de la pasada administración del Ministerio Público (MP) sigan enquistados y atenten contra el principio de economía judicial y justicia en tiempo razonable, introduciendo recursos de apelación y casación para que los magistrados de la CSJ emitan una opinión.

El jurista calificó de "abuso de poder y extramilitación de funciones públicas" las acciones de quien hasta el año 2024 fue destituida por el entonces procurador Javier Caraballo en uso de sus facultades, bajo el argumento de que no ostentaba la condición de funcionaria de carrera.

Al año siguiente, la Corte, que ya había pedido a Moore que sus acciones se ciñeran a los parámetros y procedimientos legales, ratificó, a través de la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral, la decisión de Caraballo, declarando legal su desvinculación.'

50

mil dólares tuvo que pagar el Ministerio Público por los errores de la exfiscal.

 

52

votos en contra obtuvo su designación para magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

 

"De ninguna manera, la observancia del procedimiento a seguir puede quedar al arbitrio o discrecionalidad del agente de instrucción", subrayó el Tribunal en su momento.

Las irregularidades de la exfuncionaria, además de afectar los derechos de las personas que fueron objeto de sus investigaciones, obligaron al Estado a desembolsar 50 mil dólares, tras el secuestro de la finca de un empresario sin que estuviera vinculado al caso Odebrecht por daños materiales.

Sin embargo, los cuestionamientos en torno a su gestión no fueron impedimento para que el expresidente Juan Carlos Varela respaldara su aspiración de convertirse en magistrada de la Corte; un sueño frustrado por la Asamblea Nacional con 52 votos en contra y 18 a favor.

La salida definitiva de Moore fue celebrada por quienes la consideran una de las funcionarias "más nefastas" que ha tenido el MP en los últimos años, pero siguen a la espera de que se les haga justicia por sus "errores".

Denuncia

Las denuncias por conductas contrarias al Código de Ética Profesional deben formularse por escrito, identificar al denunciante y al abogado denunciado y describir de manera clara y cronológica los hechos, indicando, de ser posible, las normas que se estiman vulneradas y añadiendo las pruebas pertinentes, explicó Juan Carlos Araúz, expresidente del CNA.

"El objetivo del procedimiento no es resolver controversias civiles o contractuales, sino determinar si existió una infracción a los deberes éticos que rigen el ejercicio de la abogacía y, de ser procedente, imponer las sanciones disciplinarias correspondientes", dijo a este medio.

Aclaró que es importante que la acusación se fundamente en hechos concretos y verificables que garanticen tanto la protección del denunciante como los derechos del abogado investigado.