Piden presencia de la ONU ante crisis judicial

Ante la crisis que vive Panamá en materia de justicia, el procurador de la administración, Rigoberto González, como coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, pidió a la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, que invite al país al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

A través de una carta que lleva la firma de González, los miembros de esta comisión pidieron a la vicepresidenta que invite al país a Diego García Sayán, actual relator de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, para que conozca la realidad de la justicia panameña.

Además, con esta visita, buscan que García Sayán emita recomendaciones al país que permitan cumplir con los compromisos del Estado panameño ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo usado por la ONU para mejorar la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros.

Con la firma del EPU en el año 2015, Panamá se comprometió a adoptar medidas para garantizar y proseguir los esfuerzos en busca de fortalecer la independencia del Poder Judicial, tanto en el plano legal como en lo que respecta a la aplicación de las normas.

"La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia reitera su gran preocupación por la actual crisis del sistema de justicia y nos mantenemos pendientes del proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema", concluyó el comunicado.

Esta carta se suma a una nota enviada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia al relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados, mostrándole su preocupación por la crisis de justicia que actualmente vive el país.

Falta de independencia

Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó que esta invitación que se le hace a García Sayán para que haga observaciones en el Órgano Judicial tiene como objetivo que dé sugerencias y haga un diagnóstico sobre la administración de justicia en el país.

Ejecutivo analiza situación legal de lo acontecido en la Asamblea

El presidente Juan Carlos Varela se ha mantenido en su posición de no designar a nuevas figuras para la Corte Suprema hasta tanto no se resuelva el conflicto que mantiene inhabilitada a la Comisión de Credenciales de la Asamblea.

El mandatario expresó, sin embargo, que el tema sería analizado en el Consejo de Gabinete que se realizó ayer por su equipo de asesores legales.

Tras una semana de que un fallo de la Corte Suprema, firmado por el magistrado Abel Zamorano, suspendiera el acto administrativo mediante el cual se aprobó la reconformación de la Comisión de Credenciales, todavía no ha habido un pronunciamiento del máximo órgano de justicia del país.

La directiva de la Asamblea envió, al día siguiente de la decisión de Zamorano, los documentos solicitados por su persona. 

La postura de la directiva del Órgano Legislativo es que el recurso presentado por los panameñistas es inadmisible, “por lo que no es factible la referida suspensión”.

"La administración de justicia, en este preciso instante, para nosotros carece de esa independencia y de esa efectividad que la ciudadanía exige, máxime frente al nombramiento de dos magistrados que hacen falta para la Corte Suprema", indicó Rodríguez.

Actualmente, están pendientes las designaciones para las salas Penal y Civil de la Corte, ocupadas por los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, respectivamente, quienes debieron haber dejado sus cargos el 31 de diciembre de 2017.

Luego de que el pleno de la Asamblea Nacional rechazara las designaciones a la Corte de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore, el presidente Varela informó que después de Carnavales anunciaría las nuevas designaciones.

Luego de esto, el mandatario señaló que después de que regresaba de un viaje por Dubái anunciaría las nuevas designaciones para la Corte Suprema, sin embargo, eso no sucedió.

Ahora, el presidente indicó que mientras no se resuelva el conflicto que hay en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, no comunicará los dos nombres para ocupar los cargos de magistrados.