Hace dos semanas, Cucalón fue evaluado por el Instituto de Medicina Legal y por los centros médicos asignados al Sistema Penitenciario, mediante lo cual se confirmó su estado de salud.
En las últimas tres semanas, los casos de la COVID-19 en el Centro Penitenciario El Renacer han aumentado considerablemente, poniendo en riesgo la vida de algunos reclusos, si se infectan.
La Corte debe resolver un habeas corpus presentado por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Cucalón, contra la fiscal séptima anticorrupción del Ministerio Público, Leyda Sáenz.
El exdirector de la DGI, Luis Cucalón, padece de múltiples afectaciones de salud que lo convierten en una persona de alto riesgo ante la posibilidad de contraer el SAR-CoV-2, que ha matado a 1,932 personas en Panamá.
Entre las afectaciones que tiene Cucalón están: úlcera gástrica, enfermedad ácido péptica, glaucoma crónico de ángulo abierto, enfermedad diverticular del colon y resección del intestino grueso.
La certificación fue hecho en momentos en que los términos judiciales para realizar este tipo de diligencias están suspendidos, lo que la convierte en "ilegal", según la defensa del exfuncionario.
Carrillo calificó como "ilegal" la autenticación de la medida cautelar número 11 del 19 de abril de 2018, realizada el lunes 11 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo de Circuito, a cargo del juez Johan Barrios.
El letrado Carlos Carrillo manifestó que con el recurso de habeas corpus lo que se busca es que se declare ilegal la medida de detención presentada en contra de Luis Cucalón, ordenada por la fiscal Leyda Saénz.
La fiscal anticorrupción otra vez desafía una orden del Procurador y recomendaciones de organismos internacionales para que se preserve la vida de los detenidos con problemas de salud.