A pesar de la característica delicadas de estos delitos, muchos de estos casos que involucran menores de edad no llegan a las estancias judiciales, detalló en reciente informe el fiscal Aurelio Vásquez.
El Fiscal Superior de la Sección Especializada en Familia, Aurelio Vásquez, indicó que de este total cinco personas fueron condenadas, de estos tres hombres y dos mujeres.
La Defensoría del Pueblo realizó una nueva inspección al CAI de Tocumen y se encontró con las mismas irregularidades.
El informe señala falta de corresponsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Salud (Minsa), Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y el Ministerio de Educación (Meduca).
El menor recién nacido fue rescatado el pasado 8 de diciembre, tras ser abandonado próximo a la policlínica Doctor Blas Gómez Chetro en Arraiján, mientras el personal de seguridad hacía una revisión del sector.
Como consecuencia de éste hallazgo se remitieron las copias correspondientes del informe al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Sara Rodríguez, bajo cuya administración se dieron supuestos abusos contra menores recluidos en albergues que deben ser fiscalizados por la Senniaf, compareció este martes ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
Para este centro se están realizando estudios y se han establecido mesas técnicas con el Ministerio de Salud (Minsa) sobre los protocolos de atención que deberán seguirse, ya que la adicción es considerada una enfermedad.
La activista chiricana Lucy Córdoba, manifestó que “es injusto que las autoridades del Ministerio Público a cargo del Fiscal Everardo González, no hayan sancionado a esta mujer, quién presuntamente abandonó a la pequeña a su suerte.
Hasta hace poco fue que se firmó un acuerdo entre Unicef y Aldeas Infantiles SOS para que esta organización tenga con un hogar temporal en Metetí. Hogar Malambo también ayuda a la secretaría.
Se trata de denuncias por abusos a tres menores en los albergues ocurridos en la ciudad y el interior del país.
Con la aprobación de estos proyectos se espera que haya una nueva etapa, normas jurídicas, que no se pierdan en una reglamentación y que sea efectiva la protección de los menores.
La pandemia de covid-19 y la crisis económica ha impedido que este estudio, que no se efectúa desde 2016, se pueda aplicar. Esta ha sido modificada con otras preguntas de interés sobre la problemática.
El decreto 404 de 30 de octubre de 2020, crea el comité de supervisión y monitoreo de los albergues, organismo que según la norma se encarga de dar seguimiento al funcionamiento de los diferentes centros.
La presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá indicó que para que un niño, niña o adolescente ingrese a un albergue, esto debe ser aprobado por un directivo de la Senniaf.
Exdirectivo del Colegio de Abogados señaló que si las diligencias que realizará la Asamblea o no son bien llevadas, podrían viciar el proceso penal.
La exdirectora de la Senniaf recordó que en su momento le entregó en sus manos a Porcell las denuncias por supuestos abusos en albergues.
La solicitud de la exdirectora de la Senniaf se hace toda vez que los actuales diputados, Luis Ernestos Carles y Alcibiades Vásquez, estuvieron en instituciones que tuvieron que ver con los albergues.
La mujer tiene impedimento de salida del país y reporte periódico cada 15 días.
Tan solo en el primer trimestre de este año 2021 se han dado un total de 1,643 casos de abuso sexual en Panamá, un incremento del 2% en comparación al año 2020.
