Con la aprobación de estos proyectos se espera que haya una nueva etapa, normas jurídicas, que no se pierdan en una reglamentación y que sea efectiva la protección de los menores.
La pandemia de covid-19 y la crisis económica ha impedido que este estudio, que no se efectúa desde 2016, se pueda aplicar. Esta ha sido modificada con otras preguntas de interés sobre la problemática.
El decreto 404 de 30 de octubre de 2020, crea el comité de supervisión y monitoreo de los albergues, organismo que según la norma se encarga de dar seguimiento al funcionamiento de los diferentes centros.
La presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá indicó que para que un niño, niña o adolescente ingrese a un albergue, esto debe ser aprobado por un directivo de la Senniaf.
Exdirectivo del Colegio de Abogados señaló que si las diligencias que realizará la Asamblea o no son bien llevadas, podrían viciar el proceso penal.
La exdirectora de la Senniaf recordó que en su momento le entregó en sus manos a Porcell las denuncias por supuestos abusos en albergues.
La solicitud de la exdirectora de la Senniaf se hace toda vez que los actuales diputados, Luis Ernestos Carles y Alcibiades Vásquez, estuvieron en instituciones que tuvieron que ver con los albergues.
La mujer tiene impedimento de salida del país y reporte periódico cada 15 días.
Tan solo en el primer trimestre de este año 2021 se han dado un total de 1,643 casos de abuso sexual en Panamá, un incremento del 2% en comparación al año 2020.
Un juez de garantías le imputó cargos al excoordinador jurídico del Departamento de Protección de la Senniaf, Michael Luis Olson, porque, presuntamente, permitió que un menor ingresara a un centro de rehabilitación de adultos en Las Garzas, Pacora.
El Servicio Aeronaval detuvo y trasladó al padre de los niños, a quien se señala como la persona que supuestamente abusaba de los pequeños.
Graciela Mauad asumió el cargo en medio del escándalo de abusos a menores de edad en albergues que son fiscalizados por la Senniaf.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González se reunió con la directora de la Senniaf, Graciela Mauad, para abordar algunos temas.
Los albergues en Panamá, que tienen una población de alrededor de 1,200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.
La creación del llamado Registro Oficial de Ofensores Sexuales se ampara en un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que debe ser sancionado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
El cargo quedó vacante, tras la renuncia de Mayra Inés Silvera, quien había sido designada el pasado 7 de enero.
Mauad es abogada mediadora y coordinadora familiar, además obtuvo la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Magna cum Laude, Promoción 2008 de la Universidad Católica Santa María La Antigua, de Panamá.
La Fiscalía de Familia es una de las que investiga el caso de los abusos en los albergues sexuales y maltratos a decenas de menores que estalló a inicios de febrero pasado tras la difusión de un informe parlamentario, lo que ha conmocionado al país y mantiene a grupos civiles, especialmente de jóvenes, protestando.
La diputada Walkiria Chandler dijo que le preocupa que los casos de abusos en albergues no son hechos aislado, pues se dieron en todo el país.
Idalia Martínez dijo que con esta ley se retoma que la Senniaf tenga tres miembros en el Comité de Adopciones y dos de distintas ONG.
