Otra presunta ilegalidad denunciada, es el nombramiento de David Eleta, como presidente de la junta liquidadora, algo que podría ser ilegal, porque este laboró en Seguros La Floresta.
Pese a las exclusiones que contemplan las pólizas de seguros de salud, las aseguradoras miembros de la APADEA lograron en el mes de marzo acuerdos con las empresas reaseguradoras para cubrir los gastos médicos en que incurran los asegurados con diagnóstico de COVID-19.
Dentro de la querella, Gilberto Cruz Ríos indica que quienes actuaron en esta liquidación se pusieron salarios altos, afectando los ingresos de su cliente.
Volumen total de primas fue de 632 millones de dólares, lo que representa una caída de 1.3%, de acuerdo con las cifras oficiales.
Unas 20 empresas aseguradoras, todas miembros de APADEA, aprobaron distintas medidas de alivio en el pago de primas.
Las pólizas de auto son las que más atraso han tenido en los pagos, confirmaron ayer las empresas aseguradoras.