La nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales aprobada este año en Argentina introduce herramientas de control gubernamental sobre los contenidos de los medios, según un informe sobre este país presentado hoy ante la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP en Buenos Aires.
El periodista Francisco Montes, expositor de la situación de Argentina ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sostuvo que si bien la nueva norma sustituye a otra que databa de la dictadura militar (1976-1983), mediante el impulso de la nueva ley en el Parlamento "el Gobierno se ha concentrado más en asegurarse el control de los contenidos e impedir la fortaleza de los medios".
Montes dijo que durante el reciente debate de ley en el Legislativo, el grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país y critico de la nueva norma, sufrió "persecuciones y hostigamientos", además de acciones "tendientes a debilitarlo económicamente".
El informe también denuncia que "se mantienen las limitaciones efectuadas al decreto sobre acceso a la información pública dispuesta por el Gobierno en su jurisdicción, y falta una adecuada regulación para la distribución de la publicidad oficial".
