Los principales responsables políticos y las autoridades de las instituciones públicas y privadas de la salud uruguayas se comprometieron hoy a trabajar en conjunto para devolver la confianza a un sistema muy dañado por el caso de los enfermeros que asesinaron al menos a 15 de sus pacientes.
En una reunión convocada por la Junta Nacional de Salud (Junasa), todos los agentes de la sanidad del país consideraron imperioso fortalecer la confianza ciudadana en el conjunto de las instituciones y se comprometieron a hacer "los máximos esfuerzos por recomponer y fortalecer" la misma "como un valor superior en el cuidado de la salud".
El encuentro fue presidido por el ministro de Salud, Jorge Venegas, quien abogó por una "pronta reconstitución" de la creencia en el sistema de salud y apuntó por que ese trabajo requerirá el esfuerzo conjunto tanto del Ministerio de Salud Pública, como de los efectores públicos, privados, trabajadores y usuarios.
Precisamente esta reunión tenía como objetivo trabajar ya en ese aspecto buscando informar de forma oficial sobre los asesinatos cometidos por los dos enfermeros que trabajaban en los hospitales Maciel y de la Asociación Española y sobre las medidas adoptadas al respecto.
En un comunicado conjunto emitido tras la reunión, todos los agentes implicados resaltaron que "el doloroso episodio" de los enfermeros tuvo que ver solo con "personas que decidieron y actuaron violando la ley y el más elemental sentido de humanidad".
"Uno de los factores más importantes para el funcionamiento del complejo proceso de la atención de la salud, es la confianza entre los médicos, el personal de la salud y la población y en particular los pacientes. Estos crímenes además de su alto y doloroso saldo de vidas humanas, afectó el capital fundamental: la confianza", razonó el comunicado.
Así, se comprometieron "a brindarle a la Justicia toda la colaboración y la información necesaria" para que definan las responsabilidades penales y los castigos correspondientes por el caso y mostraron "su plena confianza" en su accionar.
Además, cargaron contra "el alarmismo" instalado en la sociedad porque "no contribuye a un eficiente resultado de las investigaciones" ni a mejorar "la atención de la salud a la población".
Por su parte, el secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, informó hoy tras el Consejo de Ministros que "no se ha planteado la posibilidad de remociones dentro del Ministerio de Salud Pública" por este caso y negó que la situación haya generado "una crisis en el Sistema Integrado de Salud".
Desde que el caso alcanzara dimensión pública el pasado día 17, cuando la policía detuvo a los enfermeros Ariel Acevedo y Marcelo Pereira acusados de matar a pacientes de la unidad de cuidados intensivos, una ola de sospecha cayo sobre sistema de salud uruguayo.
Familiares de posibles víctimas de los enfermeros y otros usuarios que en los últimos años albergaron sospechas sobre la muerte de sus allegados mientras se encontraban en diversos hospitales recopilaron unas 500 denuncias para presentarlas ante la Justicia por hechos similares.
Además, también se critica la falta de controles y la posibilidad de que las autoridades hubieran pasado por alto denuncias previas que podían haber puesto en evidencia mucho antes a los asesinos.
