Campesinos y activistas paraguayos protestaron hoy ante la sede del Congreso en Asunción para exigir el rechazo de un proyecto de ley que reglamenta el uso de plaguicidas, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de Control de Productos Fitosanitarios de uso Agrícola, que, según los manifestantes, "atenta contra la Constitución Nacional en cuanto a la protección y la calidad de vida, un ambiente saludable y la protección ambiental".
La medida de fuerza fue encabezada por dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), la principal del país, así como de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y de la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).
El cuestionado proyecto, que según los integrantes de esos grupos sólo beneficia a los "grandes y poderosos" productores agrícolas, debía ser analizado hoy en el Senado, que a falta de quórum debió convocar para mañana una sesión extraordinaria para debatir ese tema y otros pendientes.
Los senadores oficialistas Carlos Filizzola, del Partido País Solidario, Alberto Grillón, del Partido Democrático Progresista, y Sixto Pereira, ex líder campesino e integrante del Movimiento Popular Tekojojá, se expresaron hoy a favor de los reclamos de los dirigentes campesinos, quienes anunciaron nuevas movilizaciones ante la eventual aprobación del proyecto.
La protesta se produce en momentos en que los principales gremios de la producción anunciaron la realización de una manifestación conocida como el "tractorazo" en varias regiones del país.
Esos grupos, encabezados por la Unión de la Gremios de la Producción (UGP), exigen al jefe de Estado paraguayo, Fernando Lugo, la derogación de un decreto aprobado el 28 de abril pasado y por el cual se reglamenta el uso de químicos en los cultivos.
Esa reglamentación cuenta con la aprobación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría del Ambiente, entre otros.
El anuncio de un nuevo "tractorazo", similar al realizado en diciembre de 2008, motivó que el Ejecutivo postergue por 90 días la puesta en vigencia de esa normativa y que convoque a una mesa de diálogo para atender los reclamos de los productores.
Entre otras cosas, el decreto establece la utilización de una franja protectora de bosques de al menos cien metros para los cursos de agua, así como la utilización de barreras en los lugares que serán fumigados y que colinden con poblados.
Además, exige a los productores anunciar anticipadamente y públicamente los días en que se realizarán las tareas de fumigación.
