Colombia reconoció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda, a manos de militares, y pidió perdón a sus familiares, pero negó que el crimen haya sido parte de una política de Estado.
Los representantes del Estado colombiano se pusieron en pie durante los alegatos finales ante la Corte, y en voz de Margarita Rey reconocieron la responsabilidad internacional y pidieron perdón a los familiares, entre ellos a Iván Cepeda, hijo del senador, quien estaba presente en la sala.
"El Estado lamenta profundamente el crimen y en el marco de esta audiencia les pide perdón por haber violado sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión y sus derechos políticos, por acción de agentes estatales y omisión al no otorgarle la protección suficiente", expresó Rey.
Agregó que es "inaceptable" que la investigación de este hecho haya "demorado más de lo razonable" y que "hasta este momento no se conozca la verdad sobre las circunstancias precisas y los autores intelectuales" del crimen.
Sin embargo, los representantes colombianos aclararon que este reconocimiento, sólo acepta la participación de militares en el crimen de manera material y no intelectual, y que tampoco acepta la existencia de una política de Estado para eliminar al izquierdista Partido Unión Patriótica (UP), al cual pertenecía Cepeda.
Iván Cepeda, hijo del senador, declaró a Efe que valora que el Estado haya reconocido su responsabilidad, pero afirmó que están solicitando que también lo haga el presidente colombiano, Álvaro Uribe, por cadena nacional de televisión y ante las Cámaras del Congreso en una sesión solemne.
Los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es la instancia previa a la Corte, solicitaron a los jueces que se declare este hecho como un crimen de lesa humanidad, ya que fue parte de un "ataque sistemático a una población civil específica".
Además, sostuvieron que el asesinato del senador se presentó en el marco de un "ataque sistemático" a la UP por parte de militares y paramilitares, con el fin de "exterminar" el partido, por lo que pidieron la restitución de la curul legislativa que el partido perdió con la muerte de Cepeda y el posterior exilio de su sucesor.
También recordaron que Cepeda señaló antes de morir la existencia de un plan llamado "golpe de gracia" para eliminar a la UP orquestado por "altas esferas militares", e incluso dio algunos nombres, pero que las autoridades no investigaron.
Ante esto, los representantes del Gobierno afirmaron que ya fueron castigados dos autores materiales (un paramilitar y un militar), que investigaciones recientes han dado con dos sospechosos más, y se comprometieron a continuar las pesquisas para encontrar a los autores intelectuales.
El Estado también pidió a la Corte desestimar algunos alcances de la demanda, pues en la CIDH se encuentra en estudio un caso general de la UP, en el que se denuncia el asesinato de 5.310 miembros de esa agrupación política, fundada en 1985.
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, escucharon por dos días en audiencia pública concluida hoy, los testimonios de testigos y los alegatos finales de las partes.
El senador Manuel Cepeda Vargas, quien pertenecía a la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano y era una prominente figura de la UP, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, cuando se dirigía hacia el Senado.
