Bomba destruye tumba de Sacerdote amigo de Pinochet

Una bomba de mediana potencia causó destrozos en la tumba del sacerdote católico y capellán castrense Florencio Infante, amigo personal del ex dictador Augusto Pinochet y acérrimo defensor de su régimen, informó ayer la policía de Carabineros.

El atentado se produjo la tarde del jueves, pero no fue advertido de inmediato en medio de explosiones rutinarias en las faenas de una cantera de piedras ubicada cerca del área de la sepultura, en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

Infante, dotado de una apasionada oratoria, muerto en enero de 1998 en un accidente automovilístico, fue uno de los vehementes partidarios de Pinochet entre los escasos religiosos que se solidarizaron públicamente con el golpe mediante el cual el general derrocó al mandatario socialista Salvador Allende y se instaló en el poder, el 11 de setiembre de 1973, hasta 1990.

Agentes de la policía dijeron que la carga explosiva colocada en la tumba fue accionada con un mecanismo de relojería.

Ningún grupo reivindicó el ataque.

En la madrugada del mismo día, desconocidos lanzaron dos bombas incendiarias contra la sede principal de Santiago del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal sostén político de la pasada dictadura de Pinochet.

Pinochet, 83, ex jefe del Ejército y actual senador vitalicio, enteró el jueves 11 meses de detención en Londres, reclamado por el juez español Baltasar Garzón, que le imputa crímenes contra la humanidad, "imprescriptibles y de persecución universal", según su argumento.

La extradición a España del ex dictador (1973-1990) será decidida en un juicio que comenzará el 27 de setiembre en la corte de Bow Street de la capital británica.

El expediente de Garzón responsabiliza a Pinochet por "actos de genocidio, torturas y terrorismo" y consigna unas 3.

000 ejecuciones, asesinatos y desapariciones forzadas de opositores, entre otros crímenes.

Sin alegar inocencia para el ex dictador, el Gobierno chileno rechazó las acciones judiciales británica y española como un atentado a su soberanía y una intrusión extranjera en la jurisdicción de los tribunales para procesar delitos cometidos en el país.