97 mil funcionarios podrían estar sujetos al descuento para aportar al fondo Panamá Solidario
En el Estado hay 85 entidades públicas que albergan a 223 mil servidores públicos que devengan 339 millones de dólares mensuales hasta enero pasado, de acuerdo con la Contraloría.
Deducciones al salario de los funcionarios se pueden hacer por medida legal. Archivo
Más de 97 mil trabajadores en el Gobierno Central podrían estar sujetos a la reducción o deducción de salarios para donarlo al Fondo Solidario, tal cual fue anunciado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Cortizo señaló que exceptuando al personal de salud, la Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos y educadores, "todos los funcionarios que devengan de mil dólares para arriba vamos a aportar al Fondo Panamá Solidario".
Sin embargo, abogados, diputados y sindicatos ya advierten que es una medida ilegal que viola la Constitución.
En el Estado hay 85 entidades públicas que albergan a 223 mil servidores públicos que devengan 339 millones de dólares mensuales hasta enero pasado, de acuerdo con la Contraloría.
De este total, hay más de 97 mil trabajadores en el Gobierno Central con salarios por arriba de los mil dólares mensuales.
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Alfredo Berrocal, asesor de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), indicó que todavía no tienen una posición oficial al respecto, pero desde el punto de vista legal, el Gobierno tendría que verificar que hay leyes que hay que respetar desde la Constitución, la cual señala que estas medidas no son factibles.
Indicó que no solo los funcionarios de salud y demás son los más sacrificados, ya que alcaldías, juntas comunales, Mida, están trabajando. Sin tomar en cuenta a los que les han adelantado vacaciones, lo que significa que sí han sido solidarios los trabajadores.
"Hay que establecer el procedimiento correcto para buscar los fondos necesarios", sostuvo.
Berrocal dijo que cuando se habla de descuento adicional para un fondo común que aportará todo el mundo, hay que hacerlo de la manera correcta, presentando una ley ante la Asamblea Nacional, donde se dé un debate e incluso hasta un referéndum, ya que a futuro podrían haber otras calamidades que se tendrían que atender, aunque reconoce que tampoco es el momento para esto.
Por su parte, Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, señaló que la medida adoptada por el presidente no es viable, pero sí están demandando que el fondo reciba aportes de los altos funcionarios del Estado, incluyendo a los directivos del Canal de Panamá.
Mientras que el abogado Ernesto Cedeño también coincide en que esta medida es inconstitucional, ya que el artículo 71 de la Carta Magna le da un derecho adquirido al funcionario que es la estabilidad de su salario; no se puede disminuir su salario sino es con el aval del funcionario, se deben respetar las garantías constitucionales. También el diputado Luis Ernesto Carles coincide con el tema.
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