Aprueban en tercer debate proyecto que brinda alivio financiero a afiliados del SIACAP
El Secretario Ejecutivo del SIACAP, Rolando E. Mejía M. reconoció que el COVID-19 ha ocasionado estragos a nivel social y económico en el mundo entero y que probablemente muchos de los afiliados al Sistema y sus familias se han visto afectados por la pandemia.
El proyecto indica que los servidores públicos podrán solicitar hasta el 70% del saldo de su cuenta.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 395 que permite que los servidores y exservidores públicos afiliados al SIACAP, afectados económicamente por el COVID-19, puedan solicitar un porcentaje de sus ahorros acumulados.
La iniciativa, propuesta por el Diputado Leandro Ávila, establece que mientras dure el estado de emergencia nacional, los servidores afiliados al SIACAP que comprueben que su cónyuge o hijos han sido suspendidos temporalmente de sus labores o hayan cesados de éstas, podrán disponer de hasta un 50% del saldo de su cuenta individual.
El proyecto indica que los servidores públicos podrán solicitar hasta el 70% del saldo de su cuenta con doce meses de anticipación a la fecha de cumplimiento de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
Por otro lado, los exfuncionarios afiliados al SIACAP podrán recibir hasta el 50% de sus ahorros por perdida del empleo, sin tener la edad estipulada.
El Secretario Ejecutivo del SIACAP, Rolando E. Mejía M. reconoció que el COVID-19 ha ocasionado estragos a nivel social y económico en el mundo entero y que probablemente muchos de los afiliados al Sistema y sus familias se han visto afectados por la pandemia.
Mejía reiteró la importancia de contar con un ahorro, seguro y sólido, como el SIACAP, de gran ayuda en tiempos difíciles. “Mientras dure la pandemia es un alivio para los servidores que comprueben que han sido afectados económicamente”, puntualizó.
Alejandro Hayes, Secretario General de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) se mostró satisfecho con lo estipulado en el proyecto de ley, porque abarca las necesidades del seno familiar de los trabajadores públicos y ofrece un recurso para hacerle frente a las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19.
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Según organismos internacionales, Panamá podría decrecer un 10% este año.