Cámara de Comercio encuentra caprichoso que se califique a Panamá como jurisdicción de “alto riesgo”

La Cámara Opina, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a través de su presidente Jorge Juan de la Guardia se refierió este domingo al tema "De Listas Grises y Dignidad Nacional".

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El gremio reprochó que la República de Panamá vuelva a formar parte de la “lista gris” de Francia, la cual registra los llamados paraísos fiscales.

"Se trata de una injusticia puesto que las autoridades despliegan desde hace varios años ingentes esfuerzos para llevar al país a un sitial de referencia internacional caracterizado por la ética y la transparencia. También se trata de una medida arbitraria y de un sistema que distrae el escrutinio sobre los evaluadores, los exime de medirse con el mismo rasero que miden y en la práctica constituye una imposición sobre un Estado soberano con presencia relevante en el concierto de las naciones", expresa el comunicado.

El gremio además considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos que la sociedad nacional condena de manera unánime. Así como también encuentra caprichoso que se califique a Panamá como jurisdicción de “alto riesgo”, cuando existen otras jurisdicciones que el GAFI ha calificado con resultados inferiores que los panameños, y que por razones políticas no califican de igual forma.

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Aseguran que en listas como la aludida pesan tanto elementos de castigo como geopolíticos, convertidos en instrumentos de presión para hacer prevalecer intereses no siempre coincidentes con los del país.

Actualmente, Panamá trabaja para cumplir lo acordado en esta materia, lo cual incluye la corrección de deficiencias históricas, mucho más por la salud misma del modelo financiero que por concesiones gratuitas a otros, o para pagar culpas que no se tienen.

Representantes nacionales se reúnen desde el 8 de enero con delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) y con el grupo conjunto de evaluadores del ICRG (International Co-operation Review Group, por sus siglas en inglés), el cual valora el desempeño de “las jurisdicciones de alto riesgo” y plantea medidas específicas para reducir el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para exponer los avances en esta materia.

A esta revisión, los representantes locales llevan  varias leyes aprobadas y actualizadas desde junio de 2019, como la que reforma el Código Penal para penalizar el envío de remesas ilegales en el país, la aprobación de la cual crea un Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en la República de Panamá y la que eleva de Intendencia a Superintendencia de Sujetos Obligados, promulgada en la Gaceta Oficial del 7 de enero de 2020, un día antes de la reunión con dichos evaluadores.

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Los empresarios indican que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que producirá efectos adversos al sistema. "Panamá necesita de un sistema de justicia junto con una administración organizada y disciplinada para aplicar las normas que ya tiene, que los regulados responsables ya están cumpliendo, y que son suficientes para prevenir que el sistema financiero se utilice para actividades ilícitas". 

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insta a todos los sectores a respaldar las acciones emprendidas y por llevar a cabo por el Gobierno Nacional de cara a asunto tan estratégico para Panamá, siempre que procuren el equilibrio necesario para el mejor funcionamiento de la economía: Ahora nos corresponde enfocarnos en la ejecución de la ley.

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