Déficit habitacional de Panamá se incrementa en 200 mil viviendas

Ante la necesidad de poder bajar el déficit habitacional que en los últimos años ha aumentado a 200 mil residencias y salir de la oferta existente, surgen alternativas para atraer a los consumidores. Se trata del proyecto de ley 476 que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles conocido como "leasing inmobiliario" o "leasing habitacional".

Este proyecto que contiene 55 artículos y ya fue aprobado en primer debate por los diputados de la Asamblea Nacional, le permite a las personas jóvenes y parejas recién casadas arrendar algunas viviendas y tener al final la opción de compra.

Hace unos años el déficit habitacional era de 170 mil viviendas, ahora esa demanda aumentó a 200 mil, de acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

El arrendamiento financiero (alquiler con derecho de compra) es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado.

En la actualidad hay unas 25 mil unidades disponibles en el mercado o por entregar, de las cuales el 40% están ubicadas entre la ciudad capital y Panamá Oeste por el orden de los 7 mil millones de dólares.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes sustentó que la normativa convertiría una estrategia de alquileres en una situación de arrendamiento con opción de compra pues mediante esta legislación se tiene la capacidad potencialmente de reactivar el mercado de viviendas, por lo que su dinamismo podría alcanzar proyectos en todo el territorio.

"Los millennials, por ejemplo, son los que no están comprando viviendas para echar raíces, esa es la nueva tendencia", expresó.'

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a nueve años le tomará al sector inmobiliario rotar todo el inventario que tienen disponible en el mercado.

40%

de las unidades están ubicadas entre la ciudad capital y la provincia de Panamá Oeste.

Agregó que tomará entre 8 a 9 años rotar el exceso de oferta que existe en la actualidad.

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Frank Morrice, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), dijo que incentivar la demanda es un aspecto fundamental y el Gobierno Nacional han tomado iniciativas primero con la Ley EMMA y ahora con el proyecto de "leasing inmobiliario".

"Estrategias como estas van hacer un elemento adicional para lograr incentivar esa demanda que en efecto el día mañana un propietario quiera comprar una vivienda se le de una facilidad", expresó.

Indicó que es un proyecto que se viene trabajando desde hace varios años y avalan que el Gobierno apoye la iniciativa.

Este instrumento financiero incorpora un paquete de incentivos que buscan hacer atractivo al sector financiero e inversionistas la operación concentrándolos fundamentalmente en la exoneración del pago de impuesto de inmuebles a la primera operación de compra venta; y la exoneración del pago del ITBMS y el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) a algunas transacciones.

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Además la Superintendencia de Bancos tendrá la competencia privativa para regular y supervisar a las empresas autorizadas para ejecutar el negocio de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y las normas que lo reglamentan.

El documento también establece que el arrendamiento financiero de bienes inmuebles podrá recaer sobre locales comerciales y de oficinas.

En el artículo siete se detalla los elemento y requisitos esenciales que deben estar dentro del contrato como que deberá estar por escrito, las facultades obligaciones y deberes del arrendador y arrendatario financiero, la fórmula o metodología para el cálculo del alquiler y las porciones que se aplicarán a capital, interés y seguro, precio de adquisición, para la determinación del alquiler mensual a pagar, el contrato se debe ejecutar por un periodo no menor a cinco años.

La actividad inmobiliaria está sujeta de forma directa a la construcción que igualmente ha tenido un fuerte revés, lo cual se suma a la depresión que venía sufriendo desde años anteriores.

En diciembre de 2017, el valor total de las construcciones sumó $2,144 millones, cifra que no se ha vuelto a recuperar.

Solo el sector inmobiliario aportó en el 2019 al producto interno bruto (PIB) 7.1% y generó 14,368 plazas de empleo, según cifras de Contraloría General.