La vulnerabilidad económica frente a los desastres naturales representa un reto para América Latina y el Caribe, donde la falta de cobertura financiera agrava el impacto de los siniestros en los hogares, los negocios y las arcas estatales.
Un reciente informe presentado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) y el Mapfre, pone sobre la mesa una realidad alarmante: en la última década, aproximadamente el 81% de las pérdidas económicas derivadas de desastres de origen natural en la región no ha estado asegurado.
El documento detalla que, durante el último medio siglo, los eventos naturales han cobrado la vida de cerca de cien mil personas en América Latina y el Caribe. Asimismo, las pérdidas económicas acumuladas superan los 360 mil millones de dólares, un costo que recae de manera directa sobre los ciudadanos y los gobiernos locales.
Ante este panorama, la propuesta central del informe radica en complementar los sistemas tradicionales de protección civil con herramientas de financiación preventiva, seguros especializados y alianzas estratégicas entre los sectores público y privado. El objetivo primordial es que los países cuenten con recursos líquidos y reglas de actuación claras antes de que ocurra una emergencia, evitando la improvisación en los momentos más críticos.
El contexto panameño refleja particularidades importantes en materia de penetración de seguros y gestión de riesgos. Según los datos recopilados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el mercado asegurador nacional cerró el año 2025 registrando 2.105,85 millones de dólares en primas. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) precisó que el ramo de incendio y multirriesgo, el cual engloba las protecciones destinadas a viviendas y comercios, alcanzó los 228 millones de dólares.
Al respecto, Oscar Ortega, CEO de Mapfre Panamá, destacó la relevancia de este análisis para el istmo al señalar que la propuesta abre una conversación indispensable sobre cómo ampliar el acceso a coberturas adecuadas a los riesgos que enfrentan las familias y sus actividades económicas. Ortega enfatizó que es vital vincular el aseguramiento con la prevención activa, reduciendo la exposición de las infraestructuras para acelerar la recuperación posterior.
Para materializar esta resiliencia financiera, la estrategia delineada por los expertos se estructura en un decálogo de principios fundamentales orientados a la coordinación institucional: integrar la resiliencia como prioridad de Estado, reducir la brecha de protección, priorizar actividades de alto impacto, impulsar asociaciones público-privadas transparentes y garantizar pagos rápidos frente a los siniestros.
Asimismo, el documento aboga por aprovechar la innovación tecnológica y financiera, vincular las pólizas con la reducción del riesgo, construir capacidades iberoamericanas compartidas y avanzar mediante un multilateralismo flexible y enfocado en resultados concretos.
Con estos mecanismos, tanto las autoridades panameñas como los organismos internacionales buscan anticiparse a los embates de la naturaleza, blindando las finanzas públicas y dotando a la ciudadanía de herramientas efectivas para proteger su patrimonio frente a futuros eventos adversos.
