Panamá
Descuentos a jubilados siguen bajo evaluación
- Vivian Jiménez
- /
- vjimenez@epasa.com
- /
- @PanamaAmerica
Participantes de la reunión convocada por el Órgano Ejecutivo. Cortesía
El análisis del proyecto de ley No. 226, que busca ampliar los descuentos a jubilados y pensionados, continuará el próximo martes a las 11:00 de la mañana.
Las autoridades mencionaron que, durante el primer encuentro, se lograron consensos importantes que facilitarán la evaluación técnica, financiera y legal de la iniciativa.
Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.
Sin embargo, aún no se define el mecanismo de implementación de la misma; por ello, se acordó realizar otra reunión.
Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundos, aseguró que la convocatoria del Ejecutivo fue "fructífera"; por tanto, espera que sus resultados finales sean positivos para los jubilados y pensionados.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, recalcó que su objetivo es contribuir a que la decisión del Ejecutivo no solo beneficie a los adultos mayores, sino que también sea viable para todos los involucrados.
Los empresarios insisten en que el incentivo debe dirigirse exclusivamente a las personas de escasos recursos que, de acuerdo con datos que manejan, representan el 68% de los jubilados y pensionados.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, detalló que la discusión del documento se ha centrado en su viabilidad, no en los porcentajes de descuento establecidos.'
15
de septiembre, fecha en que se realizará la segunda reunión para discutir el proyecto.
30
días tiene el Ejecutivo, según la Constitución, para sancionar o vetar la iniciativa.
La presidenta de la Federación de Cámaras de Panamá (Fedecámaras), Alicia Jiménez, mencionó que es importante cuantificar el impacto de esta normativa, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Telva Núñez de Córdoba, representante de los jubilados, reiteró que su intención es que la ley se adapte a las necesidades de una población con pocos ingresos.
El Ejecutivo tiene 30 días para sancionar o vetar la iniciativa que, desde que llegó al Palacio de las Garzas, está siendo analizada por el departamento de asesoría legal en busca de una solución viable para su aplicación.

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.