Ejecutivo confía en salida definitiva de listado discriminatorio europeo

La recomendación de la Comisión Europea sobre la exclusión de Panamá del listado de países con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha generado cierto positivismo en las autoridades, ya que, es el resultado de esfuerzos conjuntos de varias administraciones.

Tras ser consultado por Panamá América sobre la decisión del Consejo y Parlamento Europeo, el presidente José Raúl Mulino mencionó que quiere ser "positivo" y creer que el país cuenta con los votos necesarios para consolidar su salida.

El mandatario detalló que a nivel interno, desde hace varios años, el sistema bancario financiero está siendo objeto de diversas modificaciones para cumplir con los múltiples requisitos de transparencia que exige no solo Europa sino el resto de países que mantienen estas calificaciones sobre el istmo.

Las acciones de Panamá se han enfocado en reforzar los controles de manejo de efectivo, transferencias, depósitos y demás operaciones bancarias de los clientes, asegurando que sus recursos no sean utilizados para promover actividades ilegales.

Dichas actuaciones, según el Ejecutivo, buscan que estos organismos vean que Panamá tiene una convicción firme de no patrocinar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo desde el país o a través de su sistema financiero.

"Lavado siempre hay, pero no a través del sistema bancario como una política, no tenemos ningún reporte de inteligencia sobre eso", dijo Mulino.

Las autoridades mencionaron que seguirán manteniendo en su agenda el tema de las listas discriminatorias hasta que Panamá deje de ser considerado un paraíso fiscal.

Además, reafirmaron que las sanciones contra estos países se mantendrán; por lo tanto, mientras mantengan a Panamá en estos listados, no podrán licitar con el Estado.

Según la Comisión Europea, la actualización de la lista se hizo sobre la base de un análisis técnico con información recabada a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ente encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional.

No obstante, es solo una sugerencia que debe ser evaluada por el Consejo y el Parlamento Europeo, organismos encargados de tal votación, y que en anteriores ocasiones han rechazado dicha opinión.