Endurecerán ley que protege los derechos del consumidor

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) busca controlar anomalías en el sector consumo, con la modificación de la Ley número 45 del 31 de octubre de 2007, la cual regula toda la materia del consumidor y la competencia en Panamá.

Esta iniciativa se ejecuta por las constantes quejas por parte de los usuarios.

Pedro Meilán, administrador de la Acodeco, señaló que en el caso de las distribuidoras automotrices, exigirán a las agencias que vendan autos y repuestos de vehículos tener las piezas de los mismos en la República de Panamá en 45 días.

Según el administrador de la Acodeco, las modificaciones de la ley han sido consensuadas con la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), con las promotoras de viviendas (Acobir, Convivienda y la Cámara Panameña de la Construcción-Capac).

Según Meilán, la Acodeco ha redactado un proyecto que “no es el mejor del mundo, pero significa un gran avance en materias que están muy afectadas, como el caso de las promotoras de viviendas, sector con el mayor número de quejas reportadas en la entidad”.

La nueva propuesta también prohibirá adicionar cargos a los bienes o servicios como las propinas, las cuales serán voluntarias, ya que en ningún lugar del territorio nacional se le podrá incluir este cargo al cliente, de lo contrario el comercio será sancionado, salvo que sean impuestos o tasas.

La advertencia incluye a las agencias de viajes que promocionan boletos a diferentes países a un precio de oferta, pero resulta que cuando el usuario compra el pasaje le informan que debe pagar otros cargos que disparan el presupuesto del cliente, por lo que la modificación establece que las compañías deberán vender los boletos al costo final, con todos los cargos, excluyendo solo la tasa impositiva nacional, afirmó Meilán.

La reforma también obligará a los comerciantes de productos al por menor a retirar de los anaqueles del establecimiento los productos no aptos para la venta y aceptarle al cliente billetes de 50 y 100 dólares.

Inmobiliarias

La ley establece parámetros en cuanto a la fecha de entrega de viviendas nuevas, como por ejemplo en el caso de la preventa de un inmueble, solo se podrá ofertar cuando el anteproyecto esté aprobado por las instancias correspondientes y debe constar en la publicidad del proyecto.

El permiso de construcción no puede ser mayor de 24 meses y si la constructora no logra conseguir la autorización en ese tiempo, tendrá que devolverle el dinero al cliente que lo solicite, si desiste de la compra.

Cuando sean proyectos unifamiliares (casas), el periodo deberá ser máximo de 18 meses desde la fecha de inicio de la preventa de la etapa correspondiente. En el caso de los abonos realizados por los compradores del bien, los promotores tendrán que abrir una cuenta en un banco de licencia general con el dinero proveniente de los abonos, pero no podrá ser utilizado durante la preventa.

Al iniciar la construcción, las promotoras podrán hacer uso del abono proporcionalmente a los desembolsos que le otorgue el banco, el cual será el responsable del dinero.

En el caso de que las promotoras quieran utilizar este dinero en su totalidad, tienen la obligación de abrir una fianza o de adquirir un seguro a favor del cliente.

Elisa de Gómez, directora ejecutiva de Convivienda, señaló que no está de acuerdo con que las sanciones para las promotoras en caso de cometer una falta en contra de los consumidores se base en el delito cometido y el tamaño de la compañía, porque aseguró que los delitos deben sancionarse por un solo monto sin evaluar el tamaño de la constructora.

La Acodeco aseguró que reciben muchas quejas del sector inmobiliario y entre las más comunes figuran las de los abonos para separar una vivienda que supuestamente será construida y luego la compañía desaparece del mercado con el dinero de los compradores; otros son los casos de constructoras que entregan la vivienda y luego de varios meses o años tienen rajaduras, entre otras anomalías.

El Ministerio de Comercio e Industria (Mici) presentará el proyecto ante la Asamblea Legislativa, agregó Meilán; sin embargo, advirtió que el mismo será difícil de consensuar.