Estado de la economía en Panamá

Antecedentes: Durante 24 meses los analistas internos de la economía y los políticos de oposición mantuvieron una campaña sistemática de críticas a las políticas económicas de gobierno que comenzaron negando la existencia de un programa económico, programa que está incluso en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y fue impreso y publicado desde el año 2001. Se trató de negar la realidad del entorno mundial de la economía y sus efectos sobre Panamá, se trató de negar la recesión que sufrió la economía regional, sobre todo por los efectos del desfault de Argentina, la crisis Uruguaya, la inestabilidad y volatilidad de la economía Brasilera, los efectos del 11 de septiembre en la economía mundial y de la desaceleración a niveles de crecimiento económico casi 0 (cero) en Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. Trataron además de olvidarse del ajuste de la economía nacional, por razones del crecimiento desorbitado del crédito privado (30%) y su derrumbe que afectó el consumo interno en niveles que bordearon sumados al retiro de los norteamericanos del país en una suma en el entorno de los mil millones de dólares anuales, y el efecto permanente en el año 2001 y 2002 del ajuste de la banca local para estabilizar sus finanzas institucionales.
Esta es la realidad que debió enfrentar el Gobierno en el manejo de sus políticas económicas centradas en el manejo fiscal de ésta. Pese a los ataques tendientes a dañar la imagen de gobierno al tergiversar o esconder los hechos que condicionaron el momento económico que se vivió, el Gobierno sostuvo una política fiscal dirigida a mantener la estabilidad macroeconómica del país, perdida en gran parte de Latinoamérica, técnicamente consciente que sin esta estabilidad los riesgos que asumía el país eran impredecibles y que la base fundamental de la reactivación económica era sustentar esta estabilidad. Los déficit fiscales de los años 2000, 2001 y 2002 demuestran la seriedad con que se llevó adelante esta política, ya que estos índices sumados a los de inflación, balanza de pago, y crecimiento demuestran la coherencia de las políticas sustentadas.
El déficit fiscal que Panamá ha mantenido en este período como promedio, es un ejemplo en Latinoamérica (ver cuadro no. 1), lo anterior lo han destacado durante este difícil período económico las tres calificadoras de riesgo, los análisis del Fondo Monetario Internacional y en especial el Banco Mundial que ha hecho público este reconocimiento a través de sus personeros, todos estos organismos espectadores ajenos a la lucha por el poder político interno, han valorizado las políticas implementadas por el Gobierno, en especial, las normas regulatorias en el Sector Bancario que le permitió al país salir de las lista negras, la ley de Responsabilidad Fiscal, que es la primera reforma en este sentido que regula los niveles de endeudamiento del país y el de los gastos de funcionamiento del Estado, y la Reforma Tributaria que también por primera vez redistribuye el ingreso nacional dándole mayor participación en éste ingreso al sector de trabajadores en planilla al liberarlos de carga fiscal, único método que tiene el Estado para lograr esta meta, que permite que 193,000 trabajadores y sus familias sean objeto de esta reivindicación que busca mejorar la equidad en materia de distribución de ingresos y de carga tributaria.
La política fiscal implementada por el Gobierno Nacional en el entorno descrito en el párrafo anterior, demuestra su efectividad y coherencia si miramos el siguiente cuadro sobre los resultados en materia de déficit fiscal, tomando en consideración que durante los años 2001 y 2002 se produjo por efectos del ajuste automático interno de la economía una importante caída de los ingresos tributarios en el período analizado, que representaron en el año 2000 menores ingresos tributarios por B/.91 millones con respecto al año 1999, y en el 2001 menores ingresos tributarios en relación al año 1999 por B/.176 millones, lo que hace un total en los dos primeros años del actual Gobierno de B/.267 millones de dólares menos de recaudación fiscal, y lo que a su vez hizo aún más difícil mantener la estabilidad macroeconómica del país y el nivel de déficit.
La Reforma impulsada por el Gobierno buscó mejorar la equidad del sistema balanceando la carga fiscal en términos que el sector trabajo disminuyera el excesivo peso tributario que soportaba y que los sectores económicos con más baja densidad de tributación en función de sus ingresos, asumieran proporcionalmente esta obligación. Por primera vez en la historia de la República un Gobierno redistribuye ingresos y le transfiere al sector trabajo una suma cercana a los 60 millones de dólares anuales para mejorar sus niveles de vida (193,000 trabajadores).
Esta medida además de redistributiva en materia de ingresos, del punto de vista de la economía está dirigida a aumentar la demanda interna, y por lo tanto impulsar el consumo que es el motor que mueve al agro nacional, la industria nacional y muy especialmente al comercio. El aumento de tributación al sector empresarial está dirigido a aquellos sectores que por la vía de las exenciones tributarias e incentivos han disminuido período a período sus aportes al Estado.
Las personas naturales que también eluden sus responsabilidades fiscales y que la mayoría se encuentra en los sectores profesionales, se les crea mecanismos de control vía la emisión de facturas en función de la ampliación del ITBM a los servicios que no son de primera necesidad (educación, salud, arrendamiento de vivienda, luz, agua, telefonía base, etc), ya que ahora se les podrá calcular su ingreso real por los servicios que prestan. Era absolutamente injusto que un profesional en planilla pagar el 100% del impuesto que la ley prevé y que uno independiente declarara lo que a su voluntad estimaba por un mismo servicio. Es falso que el ITBM ampliado a los servicios afecte a los sectores de menores ingresos en una proporción significativa.
Los trabajadores de B/. 0 a 800.00 dólares de ingresos mensuales, sólo tributarán el ITBM a los bienes como lo era antes de la Reforma, con la claridad de que todos los alimentos y todos los servicios de primera necesidad están exentos de este impuesto. Lo anterior significa que los cientos de miles de trabajadores situados en estos niveles de ingresos, sólo tributarán lo que es hoy día el seguro educativo que es un impuesto que va directamente a financiar la educación pública de los cuales estos sectores son usuarios y sobre aquellos bienes y servicios que no son de primera necesidad, tributarán un 5%.
Este 5% de ITBM en la práctica y en proporción a los gastos que en función de sus salarios realizan los trabajadores, y como lo han demostrado los estudios realizados no superará como aporte de ellos al Estado el 2% de sus ingresos por este concepto, lo que significa, que la carga tributaria de la inmensa mayoría de los panameños (de B/. 0 a 800.00 mensuales de ingreso) no superará el 3.25%, si tomamos en cuenta el 1.25% de seguro educativo que ya hemos explicado a que está dirigido, lo señalado significa que los trabajadores panameños situados en su inmensa mayoría en el tramo de B/. 0 a 800.00 dólares tendrán una carga tributaria nunca superior al 3.25% de sus ingresos, cabe destacar que ésta es la tasa tributaria más baja en Latinoamérica para un sector de ingresos similares. El Sector Productivo (Empresarial) en un período de 5 años bajará de un 30% de impuesto a la renta a un 28%, lo que significa una disminución de un 6.6% de sus obligaciones fiscales en materia de renta. En este mismo período se eliminarán un alto porcentaje de los incentivos fiscales, buscando la neutralidad del sistema.