Ministra del Mides rindió cuentas ante la Asamblea sobre denuncias en albergues

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles de Arango, compareció por más de siete horas ante el pleno de la Asamblea Nacional respondiendo un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la denuncia de irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Durante su intervención, la ministra explicó que tras dicha denuncia se llevó a cabo un proceso de inspección y protocolos de prevención que ahondaron en acciones sobre hallazgos encontrados, más administrativos que punibles.

Sobre los hallazgos en el CAI de Tocumen, Carles señaló que la institución realizó tres reuniones de directivas que dieron inicio a un proceso administrativo y de acciones.

Entre las medidas adoptadas, mencionó la remodelación de las estructuras físicas, instauración de un equipo psico- social, capacitación del recurso humano en calidad del cuidado y de un diagnóstico de la población de menores tras llevarse a cabo un proceso de entrevistas con ellos.  

Además, indicó que se llevaron a cabo inspecciones técnicas multidisciplinarias y la emisión de recomendaciones para la opción de protocolos correctivos concretos en materia de protección, infraestructura, recurso humano y gestión operativa.  También, se ordenó la presentación de informes mensuales sobre la implementación de las medidas adoptadas.

Carles resaltó que, previo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, a inicios de febrero, de la que aseveró fue la única recibida, ya se habían activado mecanismos de supervisión.

Precisó que el proceso inició el 14 de abril de 2025 con un cronograma trazado que comenzó con la exploración al CAI de Tocumen, donde se identificaron deficiencias estructurales y problemas en la organización.

Desglose de albergues

Durante su comparecencia, Carles informó que en el país hay un total de 48 albergues: 6 de nutrición, 19 de temporada escolar y 23 de protección. De estos, 4 son administrados por el Mides, 2 por Senniaf y 42 por organizaciones sin fines de lucro o fundaciones.

En cuanto a la distribución por provincias, detalló que Bocas del Toro cuenta con 1; Coclé, 3; Colón, 4; Chiriquí, 8; Darién, 2; Herrera, 2; Los Santos, 1; Panamá, 14; Panamá Oeste, 6; Veraguas, 5 y comarca Ngäbe Buglé, 2.

De acuerdo con datos actualizados a enero de 2026, proporcionados por la Dirección de Articulación y Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), un total de 585 niños, niñas y adolescentes residen en estos centros, tanto públicos como privados.

En la sesión, presidida por el diputado Jorge Herrera, que empezó a las 10:30 de la mañana y se extendió más allá de las 6:30 de la tarde, los diputados preguntaron sobre la capacidad de atención de los albergues estatales o manejados por el Senniaf y Mides.

Tocumen tiene capacidad de 26 menores; el Hogar Soná en Veraguas, 24 niñas; Beatriz Jaén, en Penonomé, 24 niñas; el Hogar Penonomé, 40 menores; y María Auxiliadora, 40 niños, siendo estos hogares de protección.

Revisión de los gastos de mantenimiento

En relación con los gastos de mantenimiento, la ministra explicó que varían para cada centro de atención, que oscilan entre los 2 mil y los 5 mil dólares mensuales. Añadió que se deben presentar informes, cada mes, de gestión del uso del dinero, así como visitas para verificar que se le esté dando la atención adecuada a la población albergada.

La ministra del Mides continuó dando detalles al pleno legislativo, señalando que existe una población de 31 adultos con discapacidad que han quedado rezagados dentro del sistema al carecer de una alternativa familiar, entre otras razones, una situación que data de varios gobiernos anteriores.

Resaltó que este grupo de panameños se mantiene en espacios diferenciados y separados de las poblaciones de niños, niñas y adolescentes, a fin de resguardar su adecuado cuidado y organización dentro de los centros.

Recalcó que los adultos en referencia ingresaron al sistema de protección siendo niños, donde alcanzaron la mayoría de edad estando al cuidado, sin tener una alternativa familiar; conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 285 del 2022, se le prorroga la protección regulada en el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, sin que se requiera para ello una decisión judicial.