Fortalecen sistema para que Panamá salga de las lista gris
La norma es necesaria para evitar perder corresponsalía bancaria, empleos y economía estancada e incluye la posibilidad de salir de lista negra.
De acuerdo con el Gobierno, la Unión Europea no consideró los esfuerzos que ha realizado en materia de transparencia fiscal.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 169 que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.
Dicha legislación, que fue objetada por el Ejecutivo en cinco de sus artículos, se aprobó con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados de los abogados o firmas de abogados, que presten servicios de agentes residentes, para evitar los delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
La norma es necesaria para evitar perder corresponsalía bancaria, empleos y economía estancada e incluye la posibilidad de salir de lista negra.
El diputado Melchor Herrera dijo que Panamá realiza esfuerzos por crear leyes que sancionen movimientos sospechosos, pero existe un problema que no deja avanzar y es el tema de la disponibilidad oportuna de información.
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El documento en su capítulo II, sobre Registro de Agentes Residentes, establece que todo abogado o firma de abogados, que presten sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas, constituidas o registradas en el país, deberán registrarse y mantener vigente su registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Esta semana la Unión Europea ingresó a Panamá en su lista de negra y la decisión se sustenta en mediciones que cubren el periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018. por lo que causó indignación en el país.
De acuerdo con el Gobierno, la Unión Europea no consideró los esfuerzos que ha realizado en materia de transparencia fiscal.
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Panamá ha hecho algunas modificaciones en sus leyes, como la que penaliza con cárcel la evasión fiscal y la que regula actividades no financieras como casinos o bufetes de abogados, pero los organismos internacionales miden en negativo los resultados de la implementación de estas leyes.
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