Italia prorroga las controvertidas playas privadas a la espera de una reforma

Actualizado 2016/07/23 11:38:48

Roma/EFE

Una gran parte de las playas italianas están gestionadas por entes privados y ahora sus permisos de explotación han sido prorrogados hasta 2020 a la espera de una reforma de este controvertido sector y pese a las críticas de la Justicia europea.

En Italia hay actualmente alrededor de 30,000 "establecimientos balnearios", empresas privadas que gestionan porciones de playa que, sumadas, equivalen aproximadamente al 40% del litoral del país, detalló a Efe un portavoz del Sindicato Balneario (SIB).

Esto implica que el usuario, para poner un pie en la arena de muchas playas italianas, debe pagar primero una entrada cuyo precio no suele bajar de los cinco euros y que se encarece en caso de que se desee una tumbona, una sombrilla u otros accesorios.

Estos lugares de ocio acaban convirtiéndose en auténticas ciudadelas amuralladas en cuyo interior acumulan un sinfín de espacios dedicados al culto al cuerpo, como piscinas, saunas, gimnasios, canchas o servicios de restauración.

Como salvedad, la ley estipula una franja de cinco metros desde la línea de costa a la que los bañistas pueden acceder gratuitamente y aventurarse a la búsqueda de un hueco libre en el que ubicar sus bártulos para disfrutar de una jornada de asueto estival.

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El problema que muchos vienen subrayando desde hace años estriba en la vigencia de estos espacios y en el modo en el que las contratas son asignadas en el país: la controvertida prórroga automática.

Los diferentes gobiernos italianos han emitido varios decretos en los últimos años con los que se ha prorrogado la caducidad de los "establecimientos balnearios", primero hasta diciembre de 2012 y, en última instancia, hasta 2020.

Esta situación fue puesta en jaque desde el 2006, cuando entró en vigor la directiva europea conocida como "Bolkestein", que impone que también se sometan a subasta las concesiones de restaurantes balnearios a la orilla del mar a partir de 2020.

Pero el jaque mate llegó el pasado 14 de julio, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó la renovación automática y generalizada de los establecimientos, cuya concesión expiraba en septiembre de este año, y reclamó una selección "imparcial" y "transparente" de las licitaciones.

Para evitar que los establecimientos se encuentren al final del verano en una suerte de vacío normativo, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de los Diputados aprobó el pasado lunes una enmienda con la que se renovaron hasta el 2020 las concesiones ya otorgadas.

Esto permitirá a los actuales gestores de los establecimientos continuar con su propios negocios hasta que el Gobierno saque adelante la reforma orgánica de este sector, algo que previsiblemente se producirá en el 2018.

Todo para poner orden en un negocio que ha copado gran parte del litoral apto para actividades lúdicas, tanto marino como lacustre, y que, según diversos estudios, genera una facturación anual de al menos quince mil millones de euros.

La cuestión es la manzana de la discordia entre las asociaciones de consumidores, que lamentan la privatización de un bien común, y las de empresarios, que alegan que se trata prácticamente de una tradición en el país que debe ser protegida.

El presidente de Confturismo, Luca Patanè, celebró en un comunicado la decisión de prorrogar las concesiones, que en su opinión protege "las legítimas expectativas a intereses de las decenas de miles de trabajadores de los establecimientos".

"Evitar soluciones bruscas de continuidad dando certezas, al menos en el plazo inmediato, a quien opera o ha invertido en estas áreas, ocupándose de su conservación, mantenimiento y valorización, era el primer objetivo que se debía perseguir", dijo en una nota.

Por su parte el presidente del SIB, Riccardo Borgo, dijo que la medida es "un paso importante" para el sector porque "confiere un mínimo de estabilidad a las empresas y permite afrontar la segunda parte del verano con mayor optimismo".

El número uno de "Federalberghi", Bernabò Bocca, consideró que la enmienda "permitirá a los concesionarios hacer frente a la temporada estival con un mínimo de tranquilidad".

Por el contrario, las asociaciones de usuarios y las ecologistas han puesto el grito en el cielo y, el presidente de "Adiconsum", Stefano Salvetti, lamentó en una conversación con Efe que el Gobierno dé prioridad al "potente grupo de presión" de los balnearios.

Salvetti dijo no ser contrario al modelo de los establecimientos pero denunció que "son demasiados" y que ocupan las mejores playas y las más accesibles.