Justicia suspende ajuste fiscal en Argentina

La Justicia argentina ordenó ayer suspender la aplicación del decreto del Gobierno que recortó en 13% los salarios y subsidios de empleados del Estado, cuyo fin es eliminar el déficit fiscal y ahuyentar los fantasmas de una moratoria de la deuda.
La decisión fue tomada por el juez laboral de feria Roberto Pompa, quien hizo lugar a una demanda presentada por los gremios Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y Asociación del Personal Aeronáutico (APA), informó el abogado patrocinante, Horacio Meguira.
La decisión judicial podría quedar nula si el Senado, tras el voto positivo de la Cámara de Diputados, aprueba el programa de austeridad fiscal, pero la discusión sigue trabada en las comisiones legislativas.
Pompa dispuso "con carácter de medida cautelar de no innovar, que se suspenda la aplicación del decreto (gubernamental) 896 de 2001", tras considerar que se afectan recursos de supervivencia.
El fallo también consideró que "es inconstitucional" una de las cláusulas del decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa, según la cual no se podría recurrir a un amparo judicial contra la norma, como finalmente ocurrió, primero con la demanda y después con la decisión de no innovar.
La decisión protege una poda de 13% establecida para los haberes superiores a 575 pesos (igual en dólares) de los empleados públicos, los subsidios familiares y los salarios del Plan Trabajar para desocupados. El objetivo del recorte es garantizar un programa denominado "déficit fiscal cero", destinado a calmar a los inversionistas que temen una moratoria de pagos de la deuda pública en el país.
Si el Congreso avala el plan fiscal, la medida de no innovar dejaría de tener efecto, pero mientras tanto, el Gobierno lo único que puede hacer es apelar el dictamen del juez Pompa ante la Cámara de Apelaciones del fuero laboral.
El fallo representó otro obstáculo en el empeño del Gobierno por tranquilizar a los mercados, que temen un incumplimiento de las obligaciones de la deuda, mientras aumenta la tensión por las protestas sociales callejeras anunciadas contra el ajuste.
Los gremios del Estado, que nuclean a 1,4 millón de asalariados, cumplieron dos jornadas de huelga desde que el decreto fue firmado hace dos semanas y participaron de un paro general el jueves 20 de julio.
La medida judicial no tiene aplicación sobre los salarios de unos 500,000 de los 3,3 millones de jubilados, que también sufrirán recortes del 13% en julio.
El Gobierno fijó exactamente en 575 pesos el "piso" del ajuste, para que ningún empleado o jubilado cobre en el bolsillo menos de 500 pesos, en razón de que al salario bruto se le deben realizar descuentos por impuestos a la seguridad social.
El decreto no sólo recortaba salarios brutos, sino también adicionales como los subsidios familiares (por hijo, por nacimiento, etc.), protegidos ahora por el fallo, pero los haberes del Plan Trabajar para desempleados no estaban alcanzados por la poda, pese a lo cual fueron amparados por Pompa.