La difícil tarea de reformar Perú

Fue la cosa más popular que cualquier presidente peruano había hecho en mucho tiempo. En septiembre, tras enfrentar a un Congreso decididamente obstructor y ampliamente percibido como defensor de intereses corruptos, Martín Vizcarra decretó su disolución. La decisión fue constitucionalmente cuestionable y sentó un precedente preocupante. Sin embargo, en términos políticos, el resultado de las elecciones celebradas el 26 de enero para reemplazar al Congreso disuelto reivindicó a Vizcarra. También resaltó las debilidades del sistema político de Perú, y no ha facilitado en absoluto el proyecto de reforma institucional del presidente.

Vizcarra, que fue elegido vicepresidente en 2016, asumió la presidencia hace casi dos años, cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció por conflictos de intereses. Vizcarra heredó una guerra con el Congreso, controlado por la oposición liderada por Keiko Fujimori, hija de un expresidente. Cuando unas llamadas telefónicas filtradas revelaron una aparente confabulación entre algunos jueces y legisladores opositores, Vizcarra apeló exitosamente al apoyo público en un referendo para reformar aspectos políticos y judiciales.

Eso le dio la iniciativa, pero por poco tiempo. Para intentar superar el estancamiento, Vizcarra propuso adelantar las elecciones generales. Ignorándolo por completo, los “fujimoristas” siguieron adelante con un voto apresurado para designar nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El presidente alegó que esto equivalía a una (segunda) negación de la confianza en su gobierno. Bajo la constitución semiparlamentaria de Perú, eso es motivo para la disolución del Congreso. En enero, el tribunal confirmó —con cuatro votos a favor y tres en contra— la constitucionalidad de la decisión del presidente.

Los votantes les propinaron una derrota aplastante a los fujimoristas, que cayeron del 36 por ciento del voto parlamentario en 2016 al 7 por ciento. Dos pequeños partidos aliados no lograron entrar al nuevo Congreso. Pero hasta allí llegan las buenas noticias para Vizcarra. Las elecciones exacerbaron la fragmentación política de Perú. Nueve partidos obtuvieron el 5 por ciento mínimo necesario de los votos para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno logró mucho más del 10 por ciento.

En teoría, los partidos de centro conformarán el contingente mayor, aunque la derecha seguirá siendo fuerte. Dos debutantes generan algo de inquietud. El Frente Popular Agrícola del Perú, un partido vinculado a una vieja organización religiosa del Antiguo Testamento, obtuvo al menos 15 de los 130 puestos. Otros 17 escaños fueron tomados por el partido aliado de Antauro Humala, un militar retirado protofascista (y hermano de un expresidente) que está cumpliendo una condena de prisión de 19 años por el asalto a una comisaría en 2005, en el que fallecieron seis personas.

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Esos triunfos son, de diversas maneras, protestas contra la clase política de Lima. Los países vecinos han tenido algunas manifestaciones populares violentas en los últimos meses. En Perú, la disolución del Congreso y el encarcelamiento de varios expresidentes por cargos de corrupción (ninguno de los cuales han sido aún probados) han logrado calmar un poco la indignación popular. El 28 de enero, un juez ordenó por segunda vez el encarcelamiento de Keiko Fujimori, por acusaciones de irregularidades en el financiamiento de su campaña en 2011.

También es posible que la naturaleza flexible de la cultura política de Perú genere resistencia. Pero eso podría dificultar las reformas. Tras las recientes confrontaciones, tanto la opinión pública como una gran cantidad de políticos, están a favor de la cooperación. Sin embargo, Vizcarra solo tiene alrededor de un año para completar la tarea de la reforma institucional que se planteó, antes de las elecciones generales de abril de 2021.

El gobierno ya ha creado un nuevo ente, seleccionado por méritos, para supervisar los nombramientos judiciales. Varias medidas aprobadas por el Congreso saliente tienen como objetivo depurar y fortalecer los partidos políticos. Algunas son útiles. Entre ellas se encuentran reglas más estrictas sobre el financiamiento de campañas, pasos para reducir el costo de la política y, desde 2021, el cierre de partidos que no logren alcanzar el 5 por ciento mínimo. A la espera, están medidas como una definición más estricta de la inmunidad parlamentaria y, quizás, la incorporación de un Senado al actual pequeño Congreso unicameral de Perú.

Estas elecciones no ofrecen muchos indicadores sobre la contienda presidencial del 2021. “Todos son débiles y cualquier cosa puede suceder” dice Alberto Vergara, politólogo. Al impulsar la lucha contra la corrupción, Vizcarra ha logrado la inusual hazaña de ser un presidente peruano que ha mantenido su popularidad. Es probable que necesite lograr más cosas. El gobierno está intentando mejorar el sistema de salud y las vías rurales, pero está siendo acosado por presiones sindicales para que incremente los salarios del sector público y por la oposición de los empresarios a impuestos más altos (los cuales recaudan apenas el 14 por ciento del producto interno bruto). Un nuevo sistema político podría estar por emerger. Pero si Perú desea continuar disfrutando de un crecimiento económico y evitar un estallido social como el chileno, también necesita un Estado más fuerte y efectivo.