Más transparencia piden empresarios al Gobierno

En menos de un año, ya son dos los casos en que el Gobierno anula los informes de comisiones de evaluación para la construcción de millonarias obras y nombra otras comisiones, lo que crea suspicacia en el sector empresarial.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anuló el informe de la primera evaluación para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal por diferencias sobre el flujo de tráfico, lo cual no convence a líderes empresariales que exigen mayor información.

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Anteriormente, en octubre de 2017, pasó algo similar con el informe de la comisión evaluadora de la propuesta técnica para la construcción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Tres empresas participaron del acto: Constructora San José, que ofertó $70 millones; Consorcio IBT, con $72 millones, y Astaldi-Cocige, que propuso $76 millones.

En primera instancia, la comisión seleccionó a Astaldi-Cocige, sin embargo, esta consulta fue eliminada por el Ministerio de Salud, que lleva a cabo la licitación, y en la segunda comisión que se creó se seleccionó la propuesta de IBT, cuando en la primera evaluación esta empresa no fue calificada porque, según la comisión, no cumplía con el pliego.

Esta situación ha generado diferencias entre el ministro de Salud, Miguel Mayo, y el ministro consejero en temas de salud, Temístocles Díaz. Al igual que en el tema del cuarto puente, que se generaron roces entre el ministro del MOP, Ramón Arosemena, y miembros de la comisión evaluadora inicial.

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En la nueva ponderación de la Facultad de Medicina, IBT-Knowledge obtuvo 98 puntos y Astaldi, 92. IBT logró 45 puntos en precio ofertado, 9 en solvencia financiera, 20 en experiencia y 24 en propuesta técnica. Mientras, Astaldi alcanzó 43 en oferta de precio, 9 en solvencia financiera, 17 en experiencia y 23 en propuesta técnica.

La anulación de los informes en estas dos licitaciones pone en riesgo la transparencia en los actos públicos y deteriora la imagen del país, lo que pone en riesgo futuras inversiones, según empresarios.

Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, sostiene que la información que ha dado el MOP ha sido sobre el estudio de flujo, pero como sociedad se necesita tener más explicaciones para estar claros de que un proyecto de $1,200 millones se licitará con la transparencia debida para que no se incurra en demandas potenciales de parte de los proponentes no favorecidos.

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Indicó que lo importante es la transparencia y rendición de cuentas por parte del MOP para que el proceso sea lo más abierto y que las reglas sean iguales para todos los proponentes y no se cambien.

Cotes señaló que el riesgo de cambiar las reglas es que al final los proponentes no favorecidos pueden presentar demandas.

Actualmente, la licitación para la construcción de la Facultad de Medicina está paralizada porque los proponentes no seleccionados demandaron.

Cotes destacó que el mensaje al exterior es importante en casos en los que participan proponentes internacionales, porque hay que transmitir transparencia, cumplimiento de las leyes y que hay reglas justas para todos.

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"Si no hay transparencia, ponemos en riesgo no solo esta licitación, sino las futuras por la falta de competencia, por sentir que en Panamá no se cumplen con las reglas del juego", dijo.

Por su parte, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, indicó que debe haber un sustento válido en estas suspensiones porque tienden a crear suspicacia, pero más allá, está el riesgo de que el Estado reciba demandas que terminan en fallos condenatorios que debemos pagar.