Mesa de diálogo propone reformar la Ley de Minería

Luego de un año de consultas, 18 organizaciones acordaron proponer nuevas reformas a la Ley Minera de Panamá para garantizar que el sector se desarrolle de manera eficiente y segura.

La industria minera aportó a la economía nacional durante el año 2013 unos 427 millones 700 mil dólares, según la Contraloría de la República.

En el diálogo realizado por las 18 organizaciones se convino trabajar 54 aspectos para potenciar la industria en el país.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, reveló que se hizo una revisión exhaustiva de las normas mineras, los ingresos de la industria, el orden de catastro minero y el fortalecimiento institucional, que serán presentados a la Asamblea Nacional.

Según especialistas de distintos sectores económicos del país, la minería podría convertirse en uno de los motores de la economía, ante la culminación de las grandes obras del país, como la ampliación del Canal, las distintas líneas del metro y las principales vías terrestres.

Los gremios involucrados en la actividad minera quieren recuperar la imagen de la industria y aprovechar el evidente potencial que tiene Panamá, el segundo país más rico en minerales en Centroamérica, después de Nicaragua,

Por ello se involucrará a las comunidades establecidas en estos grandes yacimientos, incluyendo planes de minería responsable con el ambiente. Además se compartirán las ganancias de la actividad con los moradores, según lo acordado en el diálogo.

El geólogo José Guerrero, coordinador de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad de Panamá, dijo que los aspectos jurídicos de la antigua ley, que data de hace 50 años, tienen muchos vacíos.

Modificaciones

Por esta razón, el experto considera que se necesita hacer algunos cambios a la reglamentación.

Uno de ellos es que actualmente el Gobierno, mediante la Dirección de Recursos Minerales, adjudica un contrato a una empresa, pero el mismo no garantiza el dominio sobre la tierra.

Aseguró que hay que establecer una concesión entre el Gobierno y el dueño del yacimiento para que este alquile o venda el espacio a la empresa contratada.

Además, la fiscalización del proyecto debe ser durante las 24 horas. “No se debe regalar toneladas sin tener un cálculo cuantitativo. Debemos colocar básculas en el terreno, pesar las calizas y pagar impuestos de un dólar por metro cúbico”, agregó.

Entre las recomendaciones figuran que la parte ambiental se deberá manejar bajo estándares internacionales, fiscalizar los protocolos y que se cumplan al pie de la letra. Se debería seguir los mismos parámetros de países como Chile que ya viven de estos recursos.

Otro aspecto, asegura Guerrero , es que “el Gobierno tiene que darle seguimiento y control a los trabajos y también enterarse y dar a conocer en qué etapa se encuentran”.

Cerro Colorado, en la comarca Ngäbe-Buglé, es el segundo yacimiento de cobre molibdeno más grande del mundo, después de Chile. Según datos del Ministerio de Comercio e Industrias, tiene 1,400 millones de toneladas métricas de cobre molibdeno, un estimado de 131 millones de libras.

En el 2011, Cerro Colorado fue motivo de protestas por miembros de la comarca, quienes manifestaron que el problema de la mina es que está en la parte alta de la Cordillera Central donde nacen las principales cuencas hidrográficas de ambos océanos.

Tania Arosemena, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), manifestó que la organización siempre estará en desacuerdo con la explotación de minas, sin embargo, dijo que para modificar la ley es necesario consultar a la ciudadanía, las poblaciones que están en la zona y la opinión de científicos.