El gobierno de México informó ayer que canceló un ambicioso y polémico proyecto para crear la mayor salinera del mundo en aguas de la península de Baja California y que según ecologistas representaba una amenaza para un santuario de la ballena gris.
El proyecto, que era impulsado por la empresa Exportadora de Sal (ESSA), que es 51 por ciento propiedad del gobierno mexicano y 49 por ciento de la firma japonesa Mitsubishi 058.T, buscaba convertir en diques de evaporación un total de 260 kilómetros cuadrados de la laguna de San Ignacio.
"El retiro es definitivo. La empresa Mitsubishi respalda totalmente la decisión del gobierno mexicano", dijo a Reuters el secretario de Comercio y presidente del Consejo de Administración de ESSA, Herminio Blanco.
Activistas ecológicos insistían en que los trabajos podrían destruir el ecosistema de la Laguna San Ignacio, en la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno.
La laguna de agua templada es una de las cuatro en el mundo donde las ballenas grises se aparean y procrean después de emigrar 10.000 kilómetros desde los estrechos de Bering cada año.
Blanco habló en el marco de un evento donde el presidente Zedillo negó que el su gobierno sea "un cazador de ballenas" como han asegurado algunos grupos ecologistas.
No obstante, Zedillo dijo que tomó la decisión luego de reflexionar "con profundidad y con seriedad" y después de escuchar "muchas voces".
Blanco y Zedillo hablaron en los jardines de la residencia de Los Pinos durante un acto de evaluación de la política nacional de conservación de la biodiversidad.
Tanto las autoridades como directivos de Mitsubishi afirmaban que el proyecto respetaría el medio ambiente y que traería muchos trabajos a la zona.
El presidente del ecologista Grupo de los Cien, el mexicano Homero Aridjis, consideró que la decisión representa "un triunfo de la ecología sobre el comercio".
"Han triunfado en México por ahora las leyes ambientales sobre los criterios económicos. Me da gusto que el presidente de México ha respetado en su decisión las leyes ambientales del país", agregó el activista en entrevista telefónica con Reuters.
El presidente de ESSA, Juan Ignacio Bremer, dijo en el marco del evento en Los Pinos que la decisión no significará que se anule la inversión proyectada, pues será encauzada a otras instalaciones en la cercana población de Guerrero Negro.
"El proyecto nos iba a costar aproximadamente 160 millones de dólares en un lapso de nueve años", dijo Bremer a Reuters poco después del acto.
"Esos recursos obviamente ya no se van a invertir ahí.Se invertirán en Guerrero Negro", agregó.
Informó que en los últimos tres años ESSA ha invertido 60 millones de dólares en Guerrero Negro para modernizar las instalaciones, tanto para aumentar la productividad como la protección ambiental.
"Seguiremos siendo líderes mundiales, como la empresa número uno de exportación y como la productora más grande del mundo por algunos años a mediano plazo", dijo.
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