Las remesas familiares que reciban los nicaragüenses a partir de los 500 dólares deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según una disposición del Gobierno de Daniel Ortega publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, divulgada este jueves.

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Según la orden presidencial, las instituciones financieras o no financieras que ofrecen el servicio de captación de remesas deberán detallar el nombre del emisor y beneficiario de la misma, ya sean personas naturales o jurídicas, cuando la cantidad sea igual o mayor a 500 dólares en una operación, de acuerdo con el documento, sancionado el pasado martes.

La medida es efectiva si el beneficiario se encuentra en territorio nacional o fuera de él, según el documento.

Nicaragua recibió 1.501,2 millones de dólares en remesas familiares en 2018, un 11.4 % del producto interno bruto (PIB), según datos oficiales.

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En 2018, la economía estadounidense continuó figurando como el principal emisor de remesas hacia Nicaragua, representando el 55 % del total de remesas que ingresaron al país, seguido por Costa Rica (19.7 %), España (11.2 %) y Panamá (5.2 %), según cifras del Banco Central.

Cerca del 20 % del total de la población nicaragüense, calculada en 6.4 millones de habitantes, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen indocumentados.

Asimismo, el Ejecutivo ordenó a las entidades que prestan el servicio de transferencias de fondos a detallar a la UAF el nombre del emisor y receptor de ese tipo de operaciones por montos a partir de 5.000 dólares, sean estas transferencias nacionales o internacionales.

Además, obliga a reportar a la UAF las compraventas de bienes inmuebles por 100.000 dólares, pagos de premios en casinos a partir de 1.000 dólares, compraventas de vehículos nuevos y usados entre 10.000 y 5.000 dólares, respectivamente.

"Las casas de empeño deberán enviar a la UAF el reporte de cada venta que realicen a nivel nacional e internacional, de los artículos que no fueron pagados por sus propietarios, cuando estas alcancen en un mes de forma individual o fraccionada, un monto igual o superior a los 3.000 dólares", señala otro punto de la normativa.

También se incluyen controles a las ganancias que generan las máquinas tragamonedas y mesas de juego de azar y otros juegos de pago que se oferten en establecimientos comerciales "de manera que pueda determinarse su flujo de efectivo diario".

Todos los sujetos obligados estarán comprometidos a reportar directamente a la UAF la información sensible sobre las operaciones, de acuerdo con la información.

Son sujetos obligados a informar mensualmente a la UAF: bancos, microfinancieras, casas de cambio de moneda, casas de empeño, agencias de envíos de remesa, casinos, salas de juegos de azar, comerciantes de vehículos nuevos y usados, corredores de bienes raíces y prestadores de servicios de traslado de valores, bienes y activos.

LA UAF fue creada mediante la Ley de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Esta medida se da en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace un año y que ha dejado cientos de muertos y miles en el exilio, y la caída de la economía, que el año pasado se contrajo un 3,8 %.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.