Ordenan a Merrill Lynch cambiar sistema bursátil

Un tribunal del estado de Nueva York ha ordenado a Merrill Lynch que declare en sus recomendaciones bursátiles si el banco de inversión está negociando con la empresa cuyos títulos analiza con vistas a convertirla en cliente de su división de banca de inversión.
Según informó el Fiscal General de Nueva York, Eliot Spitzer, quien solicitó la orden judicial, los analistas de Merrill Lynch "distorsionaron las calificaciones sobre el atractivo de acciones, dándole clasificaciones positivas a los clientes preferenciales, incluso cuando esas acciones eran inversiones de dudosa calidad".
Spitzer citó correos electrónicos internos del banco de inversión en elque ejecutivos no identificados describían empresas de Internet como Excite@home o InfoSpace como "basura", mientras sus analistas mantenían sus recomendaciones de compra sobre las mismas.
Spitzer señaló que la investigación que su agencia hizo en Merill Lynch, y que duró diez meses, es parte de un plan para conocer el comportamiento de las empresas de inversión y corredurías de bolsa durante el "boom", hace algo más de dos años, de las acciones tecnológicas y de internet y su posterior derrumbe.
Los analistas han recibido duras críticas de quienes no logran entender cómo seguían catalogando como buenas inversiones los títulos de empresas que perdían día a día valor en las bolsas y muchas de las cuales debieron a la larga declararse en bancarrota o cerrar sus operaciones.
El fiscal de Nueva York destacó que la investigación en Merrill Lynch descubrió serias rupturas en la supuesta separación de las divisiones de análisis.
Los abogados Nelson Chitty La Roche y Máximo Febres consideran que las cadenas son para "actos oficiales, de estado o de gobierno", pero ello no justifica que se practique "el ejercicio del poder sin límite", que es contrario, a su entender, a la Constitución, algo que debe ser interpretado por el TSJ para sentar jurisprudencia.
Los canales de televisión privados reaccionaron formando su propia cadena contra el nuevo formato de difusión de mensajes oficiales y durante la jornada adoptaron por dividir la pantalla en dos, un lado con la información gubernamental y otro con la suya propia.
"Consideramos que la transmisión en cadena es expresión de un abuso de poder y de una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo", señalaron en un texto transmitido en cadena.
Desde que llegó al poder, en febrero de 1999, Chávez ha utilizado con asiduidad el medio televisivo para exponer sus programas políticos, planes de gobierno y para promocionar su ideal revolucionario.
Los medios idóneos para la difusión oficial son los del estado, Venezolana de Televisión y la Radio Nacional, además de la agencia Venpres, en el ojo del huracán tras un reciente escándalo por un artículo de opinión sobre periodistas narcotraficantes difundido a sus abonados.
Lo que más se le critica a Chávez no es que use los medios del Estado para sus propios fines, sino que utiliza la ley para ocupar cada vez más los medios privados, perjudicando notablemente sus audiencias y sus ingresos por publicidad.
Jessy Chacón, director de CONATEL, la institución autónoma del Estado que concede las frecuencias de emisión, manifestó por radio que "los medios (privados) están obligados a transmitir los mensajes" del poder ejecutivo, arriesgándose a sanciones e incluso su cierre si no cumplen la normativa.
El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, consideró que "existe una guerra mediática: los ciudadanos tienen que soportar por un lado que el gobierno les ponga las cadenas y por el otro (los medios privados) que les den una sola versión" y agregó que "ambos censuran y ponen la información que ellos quieren".
Levy Benshimol, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, manifestó a EFE que las cadenas "atentan contra el derecho de la información", y "Chávez ha abusado de ellas", violando el artículo 58 de la Constitución, sobre información plural, imparcial, oportuna y veraz.
Fernando Barrientos, asesor legal de la CTV, subrayó el carácter abusivo de la iniciativa gubernamental, cuyo único fin ha sido "decir cualquier cosa en contra del paro".
Empresarios protestan por numerosas cadenas oficiales durante paro en Venezuela
Dirigentes de la opositora cúpula empresarial Fedecámaras protestaron ayer por las numerosas transmisiones oficiales en cadena de radio y televisión durante el paro general de este martes, convocado por esa organización y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
"Esto es intolerable", dijo Juan Rafalli, asesor legal de Fedecámaras, al cuestionar las cadenas que obligan a las emisoras y televisoras a cortar sus programaciones y sumarse a la transmisión oficial.
Rafalli dijo que, según las leyes vigentes, el gobierno sólo puede hacer "cadenas" para transmitir alocuciones del presidente, vicepresidente y sus ministros, e instó a los medios a negarse a "encadenarse" si se transmite otro tipo de cosas.
En la última de estas transmisiones en cadena, emitida hacia las 13H00 local (17H00 GMT), las empresas televisivas dividieron sus pantallas entre las imágenes de la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, y su programación del momento: entrevistas, muestra de las calles de Caracas o letreros protestando contra las excesivas cadenas.
En Venezuela, el espacio radioeléctrico es del Estado venezolano que lo cede en concesión a las televisoras y emisoras, con las restricciones que establece la ley, entre ellas la obligatoriedad de sumarse a las transmisiones oficiales.
"El abuso viene en el mismo momento en que el medio lo permite", dijo Rafalli, quien llamó a la Defensoría del Pueblo a que intervenga para impedir al Gobierno usar su poder para limitar el derecho a la información sobre el paro.