Presupuesto para el próximo año se convierte en Ley No.418

El presupuesto más controversial en la gestión de Laurentino Cortizo fue aprobado y sancionado a escasas horas para que concluya el año.

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Una planificación financiera que fue cuestionada, precisamente por carecer de un plan sobre los gastos e inversiones que se requieren, a juicio de sus detractores.

El Gobierno y su engranaje legislativo, al contrario, atribuye su elaboración conforme al compromiso adquirido para dotar de presupuestos robustos a sectores como la educación y la justicia.

Por otra parte, le echan la culpa a las leyes especiales, esas mediante las cuales se pactan aumentos salariales en el sector público, y al pago de la deuda, como gastos que elevan cada año, el presupuesto general del Estado.

Cortizo no quedó como ocurrió con Mireya Moscoso, en 2001, que quedó con un presupuesto rechazado y en esta ocasión lo ajustó reduciendo $2 mil millones y la bancada oficialista y sus allegados lo aprobaron.

La Ley 418 de 29 de diciembre de 2023 establece un presupuesto de $30,690 millones, de los que $1,703 millones se destinarán para subsidios y $2,774 millones para el pago de intereses de la deuda.

La Asamblea Nacional contará con $150 millones y la Autoridad de Descentralización $182.3 millones y el Ifarhu, $545 millones, instituciones a las que se les hizo un ajuste en sus presupuestos para disminuirlos.

En el caso del Ministerio de Salud (Minsa) recibirá $2,636 millones, de los que $330 millones serán para construcción y mejoras de instalaciones de salud, entre las que se encuentran los nuevos hospitales oncológico y el de Metetí, en Darién.

Este presupuesto será manejado por dos administraciones gubernamentales, ya que en julio deberá subir un nuevo Gobierno.

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