Productores afirman que fondos del FECI son utilizados para política

El presidente Juan Carlos Varela vetó el Proyecto de Ley 448 que modificaría la Ley 4 de 1994, sobre Sistema de Intereses Preferenciales para el Sector Agropecuario. Mediante un comunicado la Presidencia explicó que un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), donde se estudiaron las modificaciones que contempla esta propuesta, estima se causaría un impacto negativo en el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) e impedirían a corto plazo hacer frente a los reclamos sobre los subsidios otorgados al sector agropecuario por parte de los bancos públicos y privados. La propuesta de ley aprobada por la Asamblea Nacional, más que preservar el sostenimiento del fondo, propone acelerar la reducción del mismo al agregar una nueva distribución porcentual de los dineros en otros renglones no contemplados originalmente en la norma de 1994. Nodier Díaz, secretario de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa)  indicó que desde  hace años esa ley del Feci no está cumpliendo con el fin que era destinar todos los fondo que se generan para el sector agropecuario. “En estos momento el Ejecutivo la utiliza en un alto porcentaje, para programa de vivienda algo que  es inconstitucional”, destacó. VEA TAMBIÉN: Cuestionan manejo del Feci en el sector agropecuario “Por lo tanto, los productores siempre hemos exigido que se cumpla con la ley marco que es que los fondos que  genere la ley sean exclusivamente para ser invertidos en el sector agropecuario como era en un principio  y no para hacer política con programa de vivienda”, dijo. El Feci, creado mediante la Ley 4 de 17 de mayo de 1994, establece que en las tasas de interés de los préstamos personales y comerciales locales, mayores de 5,000 dólares concedidos por bancos y entidades financieras se incluirá y retendrá la suma equivalente al 1% anual.  Destaca un comunicado de la Presidencia que cada una de las  modificaciones aprobadas en la Asamblea reducirán sustancialmente la posibilidad de cumplir las obligaciones correspondientes a los subsidios calificados.  Primero, porque se disminuye significativamente la fuente principal de ingresos del programa y, además, porque se aumenta en mucho, la cantidad de operaciones a ser subsidiadas”. Además de la SBP, el Ministerio de Economía y Finanza opinó que “dicha medida impactaría en una reducción significativa del segmento de préstamos preferenciales de la banca estatal, igualmente en una reducción del porcentaje retenido a la SBP hasta 10%, lo que conllevaría a que el estado no pudiera hacerles frente a los desembolsos adquiridos con la banca nacional”. El Banco de Desarrollo Agropecuario indicó que, de ser aprobada, esta le impediría hacer frente a la demanda de crédito de los micro, pequeños y medianos productores. La institución bancaria también hizo varias recomendaciones para reestructurar el proyecto. Mientras tanto, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), indicó sobre el Proyecto de Ley 448 que como institución involucrada y afectada, no se le tomó en cuenta para la discusión de la propuesta, lo que no les permitió probar o sustentar la necesidad de mantener los fondos asignados. El proyecto de Ley 448 fue aprobado en tercer debate el 31 de octubre de 2017. El sector agropecuario continúa siendo de poca importancia para el Ejecutivo según han indicado sus  propios miembros. Afirman que  ya que desde hace varios meses tiene engavetados varios proyectos, algunos ya sancionados, pero sin reglamentar, y otros sin siquiera haber sido vetados o sancionados.