Retos para el negocio de diamantes en Panamá
- Kinshasa
La industrias de piedras preciosas mira al país centroamericano como un centro de acopio y distribución de estos minerales, por lo que pidió a Martinelli la aprobación de legislación fiscal laxa para su desarrollo.
En una nota poco circulada en los medios de comunicación, el 13 de octubre un grupo de empresarios de la industria de diamantes se reunió con el Presidente Ricardo Martinelli.
En esta audiencia, donde estaban presentes el Embajador de Israel en Panamá, Yoad Magen, el Director del Instituto del Grupo de Diamantes, Eli Avidar, y el Presidente de la Cámara de Diamantes de Panamá, Erez Akerman, se discutió la posibilidad de convertir a Panamá en un importante centro de acopio y distribución de diamantes, y que por tanto, se hacía necesario aprobar legislación a fin de permitir el comercio de diamantes sin mayores recargas fiscales.
La reunión también abordó la necesidad de que Panamá forme parte del Proceso de Kimberly, un proceso para certificar el origen de los diamantes y con ello, erradicar el trasiego de diamantes que se utilizan para financiar guerras civiles alrededor del mundo, pero fue evidente que lo medular fue cabildear por un nuevo marco y con ello, habilitar mejores condiciones para habilitar este negocio desde Panamá hacia América del Sur.
Si bien la industria de los diamantes ha colaborado enormemente en limpiar un negocio que en el pasado operaba en una legalidad gris, no podemos obviar que muchas de las atrocidades en África se financiaron con diamantes, a pesar que la culpa recayó sobre todos nosotros que como consumidores, mirábamos hacia el otro lado.
Y a pesar de los esfuerzos del Consejo Mundial de Diamantes a fin de evitar su trasiego ilegal, la industria misma sigue bajo el control de un pequeño grupo de operadores, como De Beers y Río Tinto --que hasta 1994 operó Cerro Colorado en Panamá– quienes controlan en realidad los flujos y los destinos de esta industria.
El problema de los diamantes no es necesariamente el hermetismo de la industria, sino la facilidad congénita de este producto para servir de pago para actividades ilícitas, especialmente el negocio de armas al margen de la ley.
Es mucho más fácil mover cientos de miles de dólares en una pequeña bolsa de diamantes que en grandes empaques de circulante, o incluso en materiales ilícitos.
Si se acelera el movimiento de diamantes en nuestro suelo sin mayores preguntas, se restaría fuerza a los intentos de la nueva administración en disminuir la criminalidad derivada de las actividades del crimen organizado y el tráfico de armas, en el contexto de una América Latina cada vez más políticamente inestable y por ello, tentada a la compra de insumos bélicos.
Por ello, Panamá debe ponderar seriamente una regulación que se ajuste a las realidades de esta industria, porque ofrecer muchas garantías sin contraprestaciones puede incluso causar consecuencias no esperadas a nivel local.
Por eso calibrar un nivel adecuado de regulación puede ser de mucho provecho para consumidores y distribuidores de diamantes por igual.
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