Sacyr acusa a la ACP de presionar con los bancos

Siete meses después de haberse inaugurado el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, la tensión entre Grupo Unidos por el Canal (consorcio contratista de la obra, liderado por Sacyr) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no cesa, ahora surgen acusaciones de presión a través de entidades financieras.

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Esta vez, el conflicto se centra en el cobro de anticipos por un valor de 300 millones de dólares, que reclama la ACP tras terminarse la megaobra.

Un medio internacional informó que el consorcio (GUPC) pide medidas cautelares a la Corte de Arbitraje de Miami contra la presión de la ACP por recuperar el dinero.

El medio de comunicación señala que Sacyr y sus socios tienen dificultades para renovar las garantías corporativas sobre esos anticipos porque las entidades locales Banistmo y Scotia no quieren renovar el fronting de las garantías (aseguramiento de garantías en el exterior) por valor de $300 millones, presionados por la Autoridad del Canal de Panamá, su mayor cliente en el país.

Por esta razón, estas empresas (Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa) no pueden renovar las garantías corporativas sobre esos anticipos, ya que una parte de la banca rechaza seguir participando en el proyecto.

Panamá América contactó al administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, quien aseguró que la publicación internacional fue desarrollada con base en información imprecisa y falsa, además de injuriosa.

"No es cierto que la Autoridad del Canal haya realizado alguna acción de manipulación a algún banco. Al contrario, la entidad ha actuado en estricto apego a las condiciones del contrato con el consorcio GUPC", enfatizó Quijano.

Tanto Banistmo como Scotia Bank han tramitado las extensiones de cartas de créditos por un monto total de $548 millones hasta diciembre del 2018, como lo establecía el contrato y sus variaciones, de acuerdo con el administrador de la ACP.

"Nos llama la atención que se diga todo lo contrario a lo que en verdad ocurrió tan recientemente como hace un mes. Deben verificar la fuente de tan mala comunicación que dista de nuestra postura en cuanto a cumplir con lo que dicta el contrato, y siempre en defensa de los derechos y responsabilidades de las partes allí establecidas", concluyó Quijano.

El comentarista Juan Carlos Tapia también reaccionó señalando en su cuenta de Twitter: "Ahora ellos dicen que los quieren asfixiar. Ellos tienen el más grande sobreprecio de una obra en la historia de mi país".

Las declaraciones de Tapia acerca del sobrecosto se dan debido a que el consorcio liderado por Sacyr recientemente volvió a aumentar sus reclamos hasta $5,673 millones, de acuerdo con una publicación del diario El País.

Y es que la empresa ha aumentado sus reclamos a medida que pasa el tiempo. El mismo medio internacional publicó al inicio del año pasado que el consorcio había elevado las reclamaciones por sobrecostes a la ACP hasta los 3,481 millones de dólares, cerca del doble de la cantidad de 1,625 millones de dólares que reclamaba hace dos años (2014), cuando se paralizó la obra, y por encima de los 3,118 millones de dólares que ofreció en la oferta con la que ganó el concurso.

"Es decir, que si se atendieran estas reclamaciones, el coste para Panamá de las obras duplicaría el presupuesto inicial", destacó el medio español a inicios de 2016.

Pero para los especialistas nacionales, ni las acusaciones de Sacyr ni sus reclamaciones tienen fundamento.

La economista Maribel Gordón considera que hubo un gran negociado y estafa que perjudica a la población panameña porque desde hace muchos años se busca que el excedente canalero sea utilizado para las demandas sociales.

En el plano internacional, cualquier valoración que logre Sacyr por encima de los montos establecidos, obviamente, para ellos es ganancia.

Augusto García, también economista, dijo que la reclamación que hace la empresa es absurda.

Expresó que en la licitación se establecieron claramente, a través de los pliegos de cargos, los detalles de la obra, por lo tanto, los reclamos son desproporcionados.

"No hay forma transparente en que se pueda justificar este reclamo, por lo que la ACP debe dar una explicación", enfatizó.

"Es indudable que en el mercado internacional existen muchas empresas que están acostumbradas a licitar por debajo para crear adenda, para después lograr mayor rentabilidad", manifestó el especialista Reyes Valverde.