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Economía / Una entrevista con el presidente electo de Uruguay Luis Lacalle Pou

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Mundo de Negocios
Mundo de Negocios / Uruguay

Una entrevista con el presidente electo de Uruguay Luis Lacalle Pou

Publicado 2020/03/07 06:00:00
  • The Economist

Favorece la austeridad y el uso de paramilitares para combatir la delincuencia.

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Uruguay está ubicado al sur de América. Foto: Pixabay

Uruguay está ubicado al sur de América. Foto: Pixabay

En los cuarteles generales de su campaña en el bulevar Artigas, llamado así por el héroe fundador de Uruguay, el hombre que espera ser el próximo líder del país proyectaba energía. Luis Lacalle Pou, el líder conservador que resultó electo como presidente del país tiene 46 años, pero parece más joven con su cabello castaño despeinado, sin chaqueta y con las mangas de la camisa arremangadas. Días antes de su ceremonia de investidura el 1.° de marzo, en una entrevista con The Economist, Lacalle Pou detalló una amplia gama de planes, desde flexibilizar las reglas de inmigración hasta reducir el gasto público. Pero lo que más le obsesiona es atender el reciente aumento de la delincuencia. Lamentó que cerca de sus oficinas existieran “áreas prohibidas” porque han sido invadidas por la violencia. “Es hora de recuperar las calles”, dijo, “por la fuerza si es necesario”.

El primer paso fue recuperar el poder. En noviembre pasado, en una segunda vuelta, Lacalle Pou derrotó por poco a Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, una coalición de izquierda que gobernó a Uruguay durante 15 años. (El último presidente del Partido Nacional, el movimiento político que respalda a Lacalle Pou, fue su padre en la década de 1990). El Frente Amplio mantuvo la estabilidad económica y constitucional, y liberalizó el consumo de marihuana y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero durante sus gestiones también se presentaron fuertes aumentos en el empleo público, el déficit fiscal y la delincuencia violenta. La tasa de homicidios en Uruguay, un país tradicionalmente seguro de unos 3,5 millones de habitantes, aumentó un 46 por ciento en 2018, ubicándose en 11,8 homicidios por cada 100.000 personas, una tasa más baja que la de Brasil, pero más alta que la de Argentina. La coalición de Lacalle Pou responsabiliza de esa situación a las políticas laxas y las penas leves.

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“Ni siquiera los sacerdotes se sienten seguros aquí”, dice Mercedes Rossi, una ama de casa en el barrio de clase trabajadora de Casavalle, a 20 minutos del centro de Montevideo, la capital. “Los delincuentes gobiernan este vecindario con armas y cuchillos”. Esos temores ayudaron a que Lacalle Pou ganara las elecciones.

Por lo tanto, no es sorprendente que se muestre tan entusiasta sobre sus planes de seguridad. Esto se confirmó aún más cuando nombró a Jorge Larrañaga, un político experimentado que ha sido su rival de toda la vida dentro de su propio partido, como ministro del Interior. El ministro entrante ha prometido tener “mano dura”, y su historial lo sugiere. El año pasado, Larrañaga impulsó el plebiscito “Vivir sin miedo”, que proponía medidas severas como desplegar soldados para combatir el crimen, impulsar redadas nocturnas por parte de la policía e imponer penas de prisión draconianas. Esa iniciativa fracasó porque solo logró el apoyo del 47 por ciento de los ciudadanos frente a un 53 por ciento que la rechazó.

Pero sus propuestas podrían revivirse, con pequeñas modificaciones. Lacalle Pou dijo que su gobierno tiene la intención de desplegar unidades paramilitares de la Guardia Republicana y crear una nueva Guardia Nacional, así como duplicar algunas condenas por delitos graves. Esto forma parte de un paquete de emergencia para mejorar la seguridad pública, pero también otros sectores como la vivienda, la educación y el presupuesto. Es posible que el nuevo presidente pueda impulsar esas propuestas con el apoyo de los aliados de su coalición. “Esto no será brutal”, insistió Lacalle Pou. “Será decisivo para volver a darles seguridad a las personas”. La oposición no está de acuerdo.

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El gobierno entrante también enfrentará problemas económicos. Heredará un déficit presupuestario de un 4,7 por ciento del producto interno bruto aproximadamente y un crecimiento anémico. En parte, esto se debe a que Uruguay tiende a sufrir económicamente cuando Argentina y Brasil atraviesan crisis. Como candidato, Lacalle Pou, cuya postura favorece a los negocios y la austeridad, se comprometió con la disciplina fiscal. Dijo que reducirá mil millones de dólares del gasto público. Prometió que se harán recortes a los empleos y la infraestructura del gobierno, pero no a los servicios en lo que a menudo se considera el estado de bienestar más antiguo de América Latina. No obstante, esas medidas dolerán. Adolfo Garcé, analista político, predice que alcanzar ese objetivo requerirá la eliminación de un tercio de los empleos del sector público.

La inversión y el talento extranjero podrían proporcionar un impulso. “Somos uno de los mejores países del mundo para vivir”, dijo Lacalle Pou. Para tentar a los extranjeros, planea facilitarles la búsqueda de residencia en Uruguay, donde ya disfrutan de bajos impuestos y exenciones sobre algunos tipos de ingresos extranjeros. El próximo mes se celebrará su toma de posesión que es una oportunidad para volver a presentar a Uruguay ante el mundo. De alguna manera, la ceremonia reflejará la posición perenne del país, predeterminada por la geografía, como un sobrio intermediario entre sus vecinos más grandes, más poderosos y menos mesurados. Se esperaba que Jair Bolsonaro, el presidente populista de Brasil, y Alberto Fernández, su homólogo de centroizquierda en Argentina, se reunieran en la ceremonia después de una disputa pública. Ahora parece que Fernández ha cancelado. Lacalle Pou promete trabajar con ambos hombres para revitalizar el bloque comercial Mercosur, conformado por sus tres países más Paraguay. Pero la lista de invitados también marca un cambio notable: los autoritarios líderes izquierdistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido declarados como personas non gratas.

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El próximo mandatario enfrenta altas expectativas y solo tendrá un corto período, tal vez un año o 18 meses, para cumplirlas, predice Garcé. Los votantes se dividieron en las últimas elecciones. Y la oposición, especialmente el movimiento sindical, sigue siendo fuerte. Las reformas deben lograr un equilibrio entre la tranquilidad y la disrupción. Lacalle Pou busca un camino intermedio, en consonancia con las personas que lo eligieron.

 

c.2020 Economist Newspaper Ltd, Londres 21 de febrero, 2020. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso.
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